El pasado viernes en Medellín, el presidente Iván Duque le presentó al país la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que ha diseñado y va a desarrollar su gobierno en un nuevo esfuerzo por reducir y neutralizar los altos índices de violencia e inseguridad que registran nuestros centros urbanos y rurales.

De acuerdo con un documento promulgado por la Presidencia de la República, esta nueva política define cambios drásticos en el modelo de vigilancia de la Policía en las calles, demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades, prioriza el desarme general de la ciudadanía y pone a la salud mental como un factor importante para la prevención.

Esta Política, según expresó el Jefe de Estado, se constituye en la estrategia del Gobierno para fortalecer la gestión integral de la convivencia y la seguridad ciudadana, como un servicio público indispensable para el Emprendimiento y la Equidad.

En ese sentido, está compuesta por cinco ejes estratégicos: Cultura de Legalidad para los derechos y la paz; disrupción del delito; innovación, ciencia y tecnología; ciudadanía activa y la proyección institucional.

Se destaca la Cultura de Legalidad, porque cumplir la ley es la base de la convivencia y de la democracia.

Además, resalta la disrupción del delito para romper las redes de valor de los negocios ilícitos, entre estos toda la cadena criminal del hurto.

Es por eso, por lo que esta Política demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades en materia de Salud, Educación, Justicia, Cultura, Deporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como protección de la niñez, entre otros.

La Política Marco implica un revolcón en el antiguo Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y adopta uno nuevo que busca el control efectivo de los espacios. También, flexibiliza la planeación de los turnos de vigilancia y asignación de las zonas, horarios y modalidades de los uniformados. Responde también a reclamos de las comunidades.

Así mismo, se promueve la iniciativa y el liderazgo del comandante de estación, para que, de acuerdo con las necesidades y el contexto, defina, ajuste o modifique el servicio de policía de vigilancia en su jurisdicción.

Con el fin de acabar con las zonas de miedo en las ciudades y la impunidad, el nuevo modelo determina que se concentrarán todas las modalidades y especialidades de policía en los lugares más afectados por el delito, con el fin de lograr su control, la desarticulación de las organizaciones delictivas y la disrupción de la red de valor de las rentas criminales urbanas.

Además, para la ejecución del modelo de control y vigilancia se requiere de la implementación de tecnología, que incluye inteligencia artificial para análisis de datos y planeación del servicio de vigilancia, utilización de drones con plan de vuelo de policía.

Para tener más control en las calles, la Política combina la implementación de tecnología, aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional, la creación en municipios de la Policía Cívica Local y apoyo a Gestores de Convivencia.

Precisamente, se contempla un plan de reincorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años (8.500 uniformados por año), y será racionalizado el recurso humano de la Policía,  de forma gradual y progresiva. 
Para garantizar la racionalización se implementarán las tres medidas, con las cuales se espera que cerca de 12.000 uniformados más estén disponibles en las calles en tareas de vigilancia y control.

Entre las medidas están el retiro de la prestación del servicio de control de tránsito en las ciudades (cabe resaltar que la Policía de Carreteras se mantiene); el retiro de la función de la prestación de servicios de protección, y la salida de personal uniformado del servicio administrativo.

Al desvincular a la Policía del manejo y control de las actividades de tránsito y transporte, en ciudades como Cúcuta se presenta la oportunidad estupenda de organizar una Secretaría de Tránsito Municipal, técnica y eficiente, alejada de los vaivenes de las roscas clientelistas de la politiquería y la corrupción. 

A las nuevas autoridades municipales les corresponde esta tarea.