La deuda histórica del Gobierno Nacional con departamentos como Norte de Santander y Santander se ha venido acumulando con el paso de los años y hoy se abre paso una buena opción para empezar a saldarla, desde el punto de vista de la conectividad vial.

Se trata del paralizado proyecto de la Autopista 4G Bucaramanga-Pamplona, con una inversión de $1.4 billones, el cual necesita urgentemente una solución favorable para el oriente colombiano.

La megaobra de 22 puentes vehiculares, la construcción de 14.6 kilómetros de calzada sencilla, el mejoramiento de 100 kilómetros, la rehabilitación de 19 kilómetros y la operación y mantenimiento de 134 kilómetros, es fundamental para la unión de los dos departamentos, la conexión a Bogotá y el mismo intercambio comercial con Venezuela.

Luego la única opción es rescatarla con las fórmulas que surgieron del encuentro de gobernadores y dirigentes políticos y gremiales, para precisamente reducir ese costoso olvido estatal.

Hay que ir unidos ante el Ministerio de Obras y la Agencia Nacional de Infraestructura, para que la firma que desarrollaba las obras ceda el contrato a otra concesión y se le pague una indemnización de unos $200.000 millones.

Alcanzar ese objetivo significaría que los trabajos podrían desarrollarse por parte de alguna de las otras concesiones que ya han mostrado interés, en dos de las unidades funcionales del proyecto, mientras se define lo que ocurrirá con el trazado por Floridablanca, que fue el que originó la parálisis, por cuestiones medioambientales.

Hacerlo así no podría llegar a considerarse un descalabro sino, por el contrario, la más viable y responsable alternativa, puesto que se paga menos y no se pierde la inversión del Gobierno Nacional en esta parte del país.

Hay que hacerle ver al presidente Gustavo Petro que para los Santanderes y la misma modernización de la infraestructura de movilidad del país, es necesario darle prioridad al proyecto vial 4G Bucaramanga-Pamplona y que, por lo tanto, no es ningún gasto sino un giro destinado a ir saldando la deuda de la Nación con los territorios.

Ese plan, que tiene el 88 por ciento de los trabajos programados sin ejecutarse, no puede permitirse que llegue a la  liquidación del contrato, que ahí sí podría tener tintes dramáticos, como que se tendrían que pagar $500.000 millones y que el resto del dinero de la inversión vaya a otras obras de infraestructura.

Desde Norte de Santander, que enfrenta severos problemas para llevar sus productos a los centros de consumo y a los puertos, se le hace un llamado al Gobierno Nacional para que este trayecto, que une al oriente con el interior del país, sea ejecutado.

Es igualmente urgente plantearle lo surrealista que sería una doble calzada con túneles y modernos puentes entre Cúcuta y Pamplona, y una vía detenida en el tiempo hacia la capital santandereana.

Hay mucho trabajo por hacer y aquí es definitiva la unión de las bancadas del Congreso de los dos departamentos, al igual que el trabajo mancomunado de las gobernaciones, alcaldías y gremios para llevar esa sólida defensa jurídica con argumentación socioeconómica sobre la importancia de reanimar el proyecto para esta zona del país, donde inversiones de esa magnitud no son de ordinaria ocurrencia y, en cambio sí, sería extraordinariamente grave llegar a perderlas.

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