No son los últimos en enterarse; por el contrario, los organismos de seguridad saben con alguna certeza de lo que ocurre casi desde cuando comienza a suceder. Pero la cultura interna impide que actúen, por factores que nadie, fuera de allí, comprende.

Para responsables de organismos como la Policía, una actitud usual es la de negarse a admitir que algunos de sus miles de miembros son delincuentes. Es como si al admitirlo se estuvieran ofendiendo el honor y el orgullo del organismo que dirigen.

No parece haber otra conclusión luego de tantas denuncias públicas y privadas con las que los ciudadanos buscan que se le ponga fin a la corrupción de los servidores públicos, y con mayor razón dentro de los organismos constitucionalmente obligados a hacer cumplir las leyes.

La costumbre enseña que la comunidad no denuncia a entidades como las Fuerzas Armadas sin fundamento en hechos reales que le molestan. Pero esto no lo comprenden las autoridades. O prefieren no comprenderlo. Y por eso, todo se queda en la simple denuncia.

Desde hace varios años, a través de los medios, los ciudadanos han denunciado, por ejemplo, que hay policías cómplices de las organizaciones criminales que trasiegan bienes de contrabando hacia ambos lados de la frontera binacional de Norte de Santander. Y no se trata de conjeturas, sino de casos concretos que exigen mucho valor civil para revelarlos.

Sin embargo, estas denuncias no surten el efecto esperado por los ciudadanos, que terminan por perder la confianza en quienes deben garantizarles un ambiente libre de delito y de incorrección, y concluyen en que todos los policías son cómplices de hechos que, en la realidad, son aislados…

¿A qué otra conclusión pueden llegar los ciudadanos si cuando denuncian perciben que sus quejas no son atendidas, sino que además constatan que la pasividad, el desinterés y el silencio oficial son la única respuesta?

¿Cuál es el problema de aceptar que la Policía es un organismo integrado por seres humanos con las mismas virtudes y los mismos defectos de las demás personas, y que entre sus miembros hay delincuentes que deben ser combatidos con toda dureza? No lo vemos...

La Policía Metropolitana de Cúcuta acaba de arrestar a 10 de sus agentes a los que acusa de concierto para delinquir, favorecimiento al contrabando, prevaricato por omisión, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público, y los vincula con dos grandes organizaciones criminales dedicadas al contrabando de hidrocarburos.

Esa es una respuesta un poco más concreta a las denuncias ciudadanas y que genera en la comunidad alguna satisfacción, no toda, porque de todas maneras quedan preguntas como la de ¿por qué hasta ahora hay resultados de investigaciones que debieron comenzar hace años, con las primeras denuncias, aunque hayan sido no formales? ¿Cuánto malestar se le hubiera ahorrado a la ciudadanía, si las quejas hubieran sido atendidas mucho antes? ¿Cuánto avance de la corrupción se hubiera frustrado, si se hubiera admitido la posibilidad de que hubiera policías criminales? ¿Cuánta confianza en la Policía y en el Estado se perdió por la tardanza y la desidia y el desinterés en averiguar?

Ahora, solo queda barrer dentro de la Policía, no solo sacudir el polvo.