En la recta final a las elecciones de Congreso hay un par de acontecimientos que mantienen encendidas las alarmas: los riesgos de la compra de votos y el incremento de los niveles de violencia y otros factores que pueden enturbiar la jornada.

Los delitos contra el voto libre y sin ninguna clase de presión ni económica, contractual o violenta hay que combatirlos y castigarlos severamente.

En ese sentido nos encontramos con la sorpresa de que ya van catorce hechos que pueden estar enmarcados dentro de la acción ilegal de ofrecer dinero para torcer la voluntad popular en favor de determinados candidatos.

La Fiscalía General de la Nación ya advirtió que  las acciones de  “comprar votos, presionar a ciudadanos para que apoyen a un candidato o intentar obstaculizar el derecho al sufragio, constituye un delito”.

Los colombianos saben perfectamente  que es no puede ni debe hacerse, pero la operación contra la transparencia del voto acecha y ataca, razón por la cual hay que respaldar y apoyar las  medidas preventivas y punitivas para contrarrestarla.

Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral (MOE) planteó hacer “una vigilancia reforzada” el 8 de marzo sobre el uso indebido de recursos públicos y prácticas como la compra de votos, las presiones y la publicidad irregular.

Además, sigue rondando esa violencia que cada día más afecta al país y que para el caso de Norte de Santander tiene a subregiones como el Catatumbo en una situación neurálgica para poder cumplir con el derecho constitucional de elegir y ser elegidos.

No se trata de mera percepción. Hasta la MOE en la actualización del mapa de riesgo electoral indicó que para el caso del departamento se incrementó el número de municipios en los cuales existen factores que pueden llegar a empañar este ejercicio democrático, elevando a 24 el número de localidades dentro de esa condición.

Tiene toda la razón la MOE en su planteamiento de una coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades locales, la Unidad Nacional de Protección, Fiscalía y Ministerio Público que se  traduzca en rutas rápidas y presencia preventiva en territorios priorizados, especialmente donde existan alertas sobre voto libre, constreñimiento o restricciones a la campaña por razones de inseguridad y violencia.

Es indiscutible la necesidad de garantizarles a los electores colombianos un debate  transparente,  sin peligros para sus vidas y sin que haya obstáculos para su libre acceso a los puestos de votación. Esto implica que el Ejército y la Policía tienen que brindarles la seguridad requerida para ello.

Llegar a estas alturas con las advertencias sobre un ambiente enrarecido para la jornada, en donde en el país 185 municipios enfrentan amenazas para el normal desarrollo de las justas en que se elegirán congresistas y tendrán lugar varias consultas presidenciales.

El devenir de los acontecimientos nos mostrará hasta qué punto, por ejemplo, el anunciado cese del fuego del Ejército de Liberación Nacional (Eln) será real. Esa interferencia de los grupos armados ilegales no hay que permitirla ni admitirla porque es otra perturbación que finalmente termina afectando a la democracia.

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