Ponerle la lupa a esta repudiable acción de forzar a los niños y adolescentes a portar un arma para irse a la guerra cuando ni siquiera han salido de su edad de juego o de estudiar, es algo urgente en nuestro departamento.

No olvidemos que si la crisis humanitaria y de orden público que golpea al Catatumbo ha generado un histórico desplazamiento, también debe de ocultar en sus entrañas aquella acción que suelen usar los grupos armados ilegales de someter a los menores para que se conviertan combaientes forzados.

Ahora que la situación sigue siendo tan delicada, los organismos defensores de derechos humanos, las organizaciones internacionales y el Gobierno nacional deberían ponerle atención especial y urgente a este delicado inconveniente.

Ya es suficientemente inquietante todo lo que ha sucedido en aquella subregión nortesantandereana como para que ahora su influencia en este dramático y volátil momento también  provoque un desbordamiento de este problema.

Aprovechando la declaratoria del Estado de Conmoción Interior las instituciones encargadas de resguardar y proteger los derechos de los menores de edad, junto con organizaciones como la Unicef, por ejemplo, y actuar de manera contundente contra esas organizaciones armadas ilegales que los obligan a convertirse en combatientes.

Incluso, debe aprovecharse este momento en que esta grave situación del Catatumbo lo tiene en el centro de la discusión nacional y que genera preocupación en el exterior, para entrar a exigirles a la guerrilla del Eln y a la disidencia de las Farc que dejen de lado esa práctica inhumana y violatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño.

 Incluso, esto se enmarca perfectamente dentro de lo planteado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que les reclama a todas las partes en el conflicto de abstenerse en reclutar menores y a acelerar los procesos de desmovilización.

En el escenario de guerra que se registra en este territorio resulta importante la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación de abrir una noticia criminal por el delito de reclutamiento forzado que estaría cometiendo la disidencia del 33 frente de las desmovilizadas Farc.

La justicia tiene que actuar, teniendo presente que en el país la Defensoría del Pueblo registró 409 casos de reclutamiento en 2024, de los cuales el 61% corresponde a niños y el 39% a niñas.

Además, el 51 por ciento de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, lo que subraya la vulnerabilidad de estos grupos frente a las estructuras criminales que actúan en los territorios.

Todos sabemos que el efecto inmediato de ese reclutamiento es llevar a los menores a un mundo de las armas para alejarlo del estudio y de otras opciones de vida, en una operación demencial y de alta  peligrosidad para el mismo tejido social, al inculcarles que todo se arregla o se impone desde el punto de vista de la violencia.

 Los cucuteños y nortesantandereanos nos tenemos que volver insistentes en que el reclutamiento forzado de menores de edad debe abolirse definitivamente, pues recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del macrocaso 07 determinó que las antiguas Farc utilizaron esta práctica de manera sistemática para aumentar el número de combatientes.