Cúcuta y Cáchira son, en este momento,  la confirmación de las intentonas de grupos armados ilegales por querer imponerse y tratar de aplicar sus ‘normas’ por la fuerza que en la práctica se transforman en  operaciones de control social.

En las paredes de un barrio de la capital de Norte de Santander fueron pintados letreros en los cuales se notifica que ese sector de la ciudadela Juan Atalaya  queda en el medio de una acción para perseguir a una banda criminal.

Ya sabemos, por experiencias del pasado, que cuando una estructura armada no estatal llega a enfrentar a otra, la que finalmente termina pagando las peores consecuencias es la población civil.

Dichas acciones que en su mayoría se saldan con homicidios, conducen a señalamientos y persecuciones que victimizan a inocentes y generan temor entre  la población.

Acciones como esas coinciden dentro de las macabras ‘operaciones de limpieza’ contra las cuales se debe reacción y repudiar, al tiempo que a las autoridades les corresponde actuar para contenerlas.

Es que al convertirse una zona urbana o rural en área de enfrentamiento entre criminales la situación también degenera en desplazamientos forzados, desapariciones, confinamientos, reclutamientos  y despojos.

Y en medio de todo surge la inhumana y peligrosa estigmatización porque sobre toda la población del sector al que arriban los combatientes o milicianos urbanos a atacar a determinada banda enemiga, se terminan levantando acusaciones y sospechas de pertenecer, servir de informantes o  de llegar a favorecer a esas organizaciones.

Además, detrás de esas supuestas acciones lo que finalmente se oculta es la consolidación del plan de expansión hacia distintos lugares de la zona urbana de Cúcuta por parte del Eln, que en este caso específico escribió en los muros una declaratoria de guerra contra miembros de los AK-47.

La inteligencia militar y policial junto con las acciones judiciales se tienen que activar para entrar a  sofocar, de manera conjunta, ese nuevo foco de inseguridad que acaba de aparecer en la capital y que puede degenerar en graves  consecuencias.

Pero todo no cesa ahí, puesto que al otro lado del departamento, en Cáchira, Los Pachenca, una organización de tipo paramilitar, está actuando  como si fuera una autoridad paralela.

Su método amenazante, utilizando también las paredes, precipitó en la violación del derecho a la educación de los estudiantes que reciben clases en una escuela, a cuya rectora la citada organización intimidó para que abandone su cargo y se vaya del municipio.

Esto merece el más fuerte repudio y una acción contundente de las autoridades legalmente constituidas para demostrar que el Estado colombiano es quien hace presencia y control en esa localidad nortesantandereana.

Desafiantes maniobras como esas no pueden permitirse porque de llegar a prosperar sería dejar en el ambiente ciertos síntomas de debilidad por parte de la institucionalidad gubernamental, siendo precisamente lo que buscan las organizaciones ilegales en el desarrollo de sus procedimientos de expansión.

Lo grave es que de nuevo la educación es puesta en la mira de los enemigos de la paz, la cual no se escapa de caer en hechos victimizantes que llevan a docentes y alumnos a buscar refugio en medio de un conflicto armado donde las aulas, los libros y cuadernos quedan expuestos ante la escalada guerrerista.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .