

Una zona binacional para la integración requiere absoluta transparencia para que ninguno de los países que la componen terminen perdiendo soberanía sobre vastos territorios o dejar vacíos en cuanto a la operación de las unidades militares en esas áreas.
Los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para la zona binacional de paz, unión y desarrollo, que hoy tiene encendido el debate en el país por los riesgos y notificaciones de que realmente no sería beneficioso como se ha dicho.
¿Y entonces? Lo más adecuado es actuar dentro de los senderos de la diplomacia, la planificación, la evaluación y análisis de los pro y los contra con la participación de los estamentos económicos, políticos, sociales, gubernamentales y la propia Fuerza Pública.
El plan piloto plantea que el proyecto empiece por Táchira y Norte de Santander, lo cual significa que el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y otras zonas neurálgicas harán parte de ella.
Entonces, ahí comienza el dilema. ¿Qué se oculta detrás de la zona binacional? Muchas teorías han surgido teniendo presente que desde el punto de vista del orden público, la inseguridad y la presencia del crimen organizado hacen sensible a la región frente a lo que allí pueda ocurrir realmente.
Por ejemplo, aún no se ha apagado el fragor de la guerra del Eln y la disidencia de las Farc en el Catatumbo donde la extensión de los cultivos de hoja de coca rompen récord y hay una alta influencia de organizaciones internacionales del narcotráfico entre ellas las mafias mexicanas o el Cartel de Los Soles, como se ha venido documentando.
Y tampoco es un secreto que las organizaciones armadas al margen de la ley se mueven libremente por áreas de la frontera venezolana llegándose incluso a considerar que el Eln actúa como un ‘ejército binacional’ que cruza a lado y lado, marcando influencia militar, social y política en territorios de ambos lados.
Obviamente, en medio de semejante panorama y con un régimen antidemocrático como el de Nicolás Maduro, desprestigiado y señalado de incurrir en toda clase de acciones de tipo dictatorial y de proteger a criminales, una iniciativa de esta naturaleza resultará siendo riesgosa en el momento actual.
En otras fronteras del mundo esta clase de zonas binacionales florecen para eliminar barreras físicas y comerciales entre países vecinos, siendo una opción válida para Colombia, que sin embargo debe pensarlo muy bien en términos de seguridad nacional, tanto por la multiplicidad de organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera como por la clase de gobierno vecino con el que se quiere hacer ese procedimiento.
La transparencia debe primar para que se descarte totalmente que tropas venezolanas puedan actuar en nuestro territorio. Eso no solo debe hablarse sino hacer parte de un protocolo en el que se ratifique el respeto a la soberanía colombiana.
A la Cancillería o la Presidencia les corresponde responder ¿cómo se garantizará que la zona binacional no sea capturada por intereses ilegales?
¿Qué garantías hay para Colombia de que lo acordado se cumpla por un régimen carente de legitimidad democrática?
¿En qué consiste el espacio para la sustitución de cultivos ilícitos y el combate coordinado contra los grupos ilegales?
¿Si es así, van a enfrentar al Cartel de los Soles y a desmantelarlo?
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