La atención y cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales debe ser un asunto de máxima prioridad por parte de los gobiernos y de la comunidad en general. No puede ser solo para las oenegés y los grupos de ambientalistas.

En Cúcuta, en Norte de Santander y en la zona de frontera hemos pagado un alto precio en vidas humanas, y sufrimos incalculables pérdidas materiales y económicas por la imprevisión y la irresponsabilidad en estos asuntos. Pasa igual en el resto del país y con frecuencia nos sorprenden los desastres y catástrofes – no pueden ser tan naturales, como lo registran los medios –, que se originan por la tala de bosques, la deforestación y la poca o ninguna protección a las áreas donde nacen nuestras fuentes hídricas.

Según cifras de Naciones Unidas, Colombia presenta el doble de  deforestación que el promedio mundial. Norte de Santander es el tercer  departamento del país con más deforestación, la que se produce por la presencia de cultivos ilícitos, el uso de mortíferos productos agroquímicos y la tala indiscriminada. 

Hace poco, el parque nacional Catatumbo – Barí fue incluido entre las áreas  de reserva en riesgo por la pérdida de bosques en los municipios de Tibú, El Tarra y El Carmen.

Ayer, este diario publicó un preocupante informe según el cual 10 municipios nortesantandereanos están en riesgo también por deslizamientos derivados de la deforestación, por lo que las autoridades están llamando a reducir al máximo la tala descontrolada. 

Los municipios con amenaza muy alta son: Toledo, Chitagá, Chinácota, Villa del Rosario, Los Patios y Ragonvalia. 

El movimiento en masa más antiguo de la región data de julio de 1943 y en la última década el más significativo y devastador fue el de Gramalote, en diciembre de 2010. 

El 64 por ciento del área de Norte de Santander presenta susceptibilidad media para la ocurrencia de deslizamientos, mientras los municipios en condición de amenaza alta por movimientos en masa son Gramalote y Herrán (99%); Santiago (98%); Lourdes (95%), y Durania 94%.

Las autoridades de la región estructuraron recientemente un equipo interinstitucional para combatir la tala indiscriminada de árboles en Tibú y El Tarra, pero sobre los resultados concretos de sus acciones no se han entregado  informes. 

La estrategia, que se ha aplicado en otros departamentos del sur del país como Putumayo, Meta, Caquetá y Amazonas, se denomina ‘Burbuja Ambiental’ y despliega un sistema de monitoreo de alertas tempranas para prevenir, controlar y vigilar los focos de la deforestación, que se extienden de manera inherente por el territorio donde crecen los cultivos de coca.

Según datos de Corponor, entre 1990 y 2010 hubo una pérdida de bosque de 214.525 hectáreas en la región del Catatumbo, casi un promedio de 10.725 hectáreas por año.

Las autoridades tienen que redoblar esfuerzos para contener esta problemática, pues están en riesgo las generaciones futuras. 

Ahora que se avecina una nueva campaña electoral, qué bueno sería que en estas y en las próximas jornadas, se puedan comprometer a los candidatos, partidos y movimientos políticos en la necesidad de conservar el medio ambiente y los recursos naturales de la región y de todo el país.