Nada ganan quienes se hacen los desentendidos cuando la ciudadanía grita que no soporta la inseguridad. Mirar a otro lado no hace que las quejas pierdan la verdad sobre la que descansan ni evita que los delincuentes dejen de violar las leyes.

Nunca ha sido del agrado de las autoridades que el ciudadano las contradiga, y menos si las divergencias tienen que ver con la percepción de que están fallando, o ellas o sus planes, que en últimas es lo mismo.

En Cúcuta hay inseguridad creciente, por razón de la extorsión, y la gente ya ni siquiera se queja. Está o anestesiada o resignada, por razón de que el Estado no tiene la capacidad de ser lo eficaz y lo eficiente que se necesita que sea para combatir a los delincuentes, organizados o no. Cualquier debate al respecto es inoficioso…

No es un fenómeno exclusivo de Cúcuta, estamos de acuerdo. Pero no puede ser, por ello, una especie de consuelo.

Hay que imitar lo bueno de otros. Y, en este sentido, en Antioquia acaban los empresarios de adoptar una decisión que podrá enfrentar la extorsión y, ojalá, hacer que comience a declinar y quizás a desaparecer.

La Policía firmó una alianza con 60 empresas del Valle de Aburrá, algunas de ellas las más grandes del país, que tiene como finalidad no pagar extorsiones, bajo ninguna circunstancia.

‘Yo no pago, yo denuncio’, se llama la alianza, que por un lado compromete a los empresarios a denunciar, y a la Policía a investigar y llevar ante la Justicia a los extorsionistas, y a garantizar la seguridad de los denunciantes, algo básico que, sin embargo, no se cumple.

El extorsionado no denuncia porque presume, por experiencia, que al hacerlo pone en mayor riesgo su integridad o la de sus allegados, pues de ordinario queda expuesto ante los criminales. Callar ante la criminalidad es sinónimo de temer a los delincuentes. El miedo termina ganando.

La extorsión se convierte así en uno de los delitos que más proliferan, porque los delincuentes tienen la certeza de que no serán denunciados. El subregistro de la extorsión es producto del miedo, y este, producto de la falta de capacidad de las autoridades para proteger a los denunciantes.

En este momento, Norte de Santander tiene dos áreas en donde la extorsión es gran preocupación ciudadana: el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo, y la situación coincide con la presencia permanente de extranjeros establecidos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Es probable que acá ocurra lo que sucede en los barrios de Medellín, donde la extorsión es tenida por los habitantes como un impuesto más que se les cobra no solo a los tenderos y otros pequeños comerciantes, sino a los taxistas, choferes del transporte público y ciudadanos del común, para garantizarles supuesta seguridad.

Una alianza como la de Antioquia es indispensable en Norte de Santander, y la Policía debe ser su promotora, entre los principales empresarios, pero, también, en los barrios, donde los tenderos, peluqueros y transportadores son las víctimas silenciosas del flagelo.

La alternativa es seguir haciendo de cuenta que nada ocurre, porque nadie denuncia, y sentir tranquilidad, porque la región está en calma, aunque pueblos y barrios estén a punto de estallar.