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Editorial
Mundo coquero
Las políticas que se apliquen deben tener en cuenta la relación geográfica funcional expuesta por la ONU para la concentración y permanencia de los cultivos de coca.
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Martes, 25 de Octubre de 2022

Contradictorio lo que hoy ocurre en el mundo coquero. Por un lado dicen que estamos nadando en un mar de coca. Por el otro, en el Catatumbo la cocaína, según últimos informes, no volvió a mover ni un kilo. Y, lo más particular, las especificaciones abundan y nadie da con la razón real.

En ese microcosmos que maneja millonarias sumas en dólares y es el combustible del conflicto armado en muchas regiones del país, la noticia es que Colombia volvió a batir récord en la hoja de coca.

Así desde hace nueve meses del Catatumbo no salga cocaína y no entre dinero, es de la mayor gravedad lo expuesto por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

Resulta que Tibú, con 22.000 hectáreas de cultivos ilícitos el año pasado, es el municipio número uno en ese renglón en Colombia, y junto con otros once figura en el listado de los que concentran la mitad de la coca producida en el país.

Mientras en 2020 había en Colombia 143.000 hectáreas cultivadas de coca, el año pasado se saltó a 204.000, concentrándose el 50 por ciento (102.000 hectáreas) en esas 12 localidades, entre ellas el territorio tibuyano.

Y las malas noticias continúan, porque resulta que el nombre de nuestro departamento es mencionado por la UNODC al notificar que el 62 por ciento de las áreas cocaleras se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

A todas luces queda en entredicho y muy mal parada la política de anteriores gobiernos, que inclusive algunos expertos lo adjudican al proceso de paz firmado por Santos con las Farc, para manejar este problema, porque también se disparó la capacidad de producción de cocaína, pues el mismo informe reseña que el potencial de clorhidrato de cocaína alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014.

No cabe duda que resultaría interesante que el Gobierno Nacional atendiera esta recomendación de la oficina de la ONU contra la droga y el delito: “generar más y mejor evidencia técnica que abarque toda la cadena del narcotráfico, aplicando enfoques diferenciales, encaminados a apoyar el diseño e implementación de nuevas estrategias de intervención en los territorios afectados por cultivos de coca”.

Así podríamos entender la razón real de la parálisis coquera en el Catatumbo y saber si es por acción real de los actores armados que manejan esa economía ilegal o es un asunto relacionado estrictamente con el mercado internacional de esa droga ilícita.

Actuar de manera urgente para la real profundización de la sustitución de los cultivos ilegales y generar las condiciones para sacar de la vulnerabilidad social, económica y de oportunidades a las regiones afectadas y seguir con la interdicción contra quienes persistan en el negocio del narcotráfico.

Las políticas que se apliquen deben tener en cuenta la relación geográfica funcional expuesta por la ONU para la concentración y permanencia de los cultivos de coca.

De acuerdo con ese organismo, en Colombia 12 de los 14 territorios coqueros se localizan en departamentos fronterizos o con salida directa al mar, y en ellos existe una convergencia de los grupos armados ilegales, los narcotraficantes y los productores.

Recordemos que está pendiente una asamblea de cocaleros en el Catatumbo en la que ojalá salgan luces para contener y erradicar el “mar de coca” y se ajuste todo a lo afirmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna: “los cultivadores no deben tener una respuesta penal por parte del Estado, pero los traficantes sí”.

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