Se imaginan esto: 269 estudiantes por un profesional psicosocial en los colegios privados y alrededor de 820 estudiantes por un profesional psicosocial en las instituciones educativas públicas.

Este es el panorama nacional detectado por el índice Welbin sobre una falencia para enfrentar los problemas de salud mental entre los alumnos, en la etapa más inmediata, como es la atención en el mismo plantel.

Superponiendo dicha evaluación estadística sobre el panorama escolar nortesantandereano, se ratifica que existe un vacío que nadie entiende por qué no se ha cubierto, como es el de la asignación de equipos de psicólogos y trabajadores sociales, por ejemplo, en los establecimientos educativos de la región.

Tiene razón en ese aspecto Laura Flórez, jefa en Gestión del Conocimiento de Red PaPaz, cuando dijo que se deben fomentar ambientes de aprendizaje incluyentes que promuevan el respeto a la diversidad y el cuidado de la salud mental.

Los resultados de este estudio deberían tenerlos muy presentes  los equipos educativos de la nueva administración departamental que se instalará el primero de enero del año entrante y del nuevo gobierno municipal de Cúcuta, para que el tópico de la salubridad  educativa sea parte de la política pública.

Contar con el personal especializado será de gran ayuda para que desde el aula se prevengan hechos lamentables como el suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, por efectos del matoneo, aspecto que recordemos, también desencadena en la deserción escolar y en graves problemas de comportamiento.

Es tan delicado lo que ocurre, que recientemente la dependencia de Infancia, Juventud y Vejez de la Defensoría del Pueblo regional Norte de Santander, manifestó su preocupación por el alto incremento de situaciones relacionadas con ciberacoso al interior de las instituciones educativas, además de la falta de regulación del uso de dispositivos móviles.

Todas esas alertas tienen que motivar tanto a las autoridades, como a los establecimientos educativos y a los padres de familia, a  adelantar  la formulación de actividades que incluyan categorías como convivencia y salud mental y todo lo relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, como lo planteara Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de Educación de la Universidad Javeriana.

Y ahí aparece otro episodio que afecta a la sociedad y que está degenerando en que las drogas ilícitas ataquen con fuerza a los entornos escolares.

Sabedores de esta situación tan delicada, ojalá las nuevas administraciones ordenen desde las secretarías de Educación y de Salud un programa concreto de lucha contra el consumo de estupefacientes con referencia en los colegios, con todas las herramientas que se requieran, puesto que ahí nace otro hecho que degenera en riesgosos problemas mentales.

Que estos análisis no se queden por ahí, en los anaqueles o en internet, como simple referente, es urgente hacerlo porque los hechos que dibujan ratifican que hay unas  fallas evidentes en el campo educativo para garantizar la salud mental de los alumnos, que está amenazada por diversidad de factores externos.

 Además, esas mediciones son muy interesantes porque sirven para motivar a los propias familias y a la misma sociedad a lograr una integración real con los colegios y escuelas que no pueden ser vistos como ruedas sueltas ni considerarse como escenarios que tienen la obligación de formar a los niños y adolescentes. Eso tiene que reformularse. Hay que lograrse que la promoción del bienestar sea una estrategia esencial y no algo secundario, por las implicaciones que tiene en la población estudiantil.