Que el fuego, las protestas violentas y las intimidaciones sean la respuesta a los resultados de las urnas en un proceso democrático como la elección popular de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, es algo muy peligroso que puede terminar degenerando en situaciones de riesgo para la propia estabilidad.

Lo sucedido en San Calixto con el incendio en la alcaldía provocado por personas enardecidas que no aceptaron el triunfo de uno de los candidatos a ese cargo, deja a Norte de Santander con una mancha de intolerancia política.

A lo anterior se unen los incidentes dentro de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, sede de los escrutinios municipales, porque adeptos al segundo en votación también tensionaron los escrutinios.

Por eso es que hoy, al contrario de hace cuatro, ocho o doce años, o más, en los comicios regionales vemos que hay despliegue reforzado de vigilancia en las áreas circundantes a la zona donde trabajan las comisiones escrutadoras, mientras que se tuvieron que traer los escrutinios de San Calixto y Cucutilla a la capital de Norte de Santander por esta inusual violencia política, en estos tiempos.

Los candidatos y los partidos políticos no pueden sustraerse de estos dramáticos hechos ocurridos en la región y en  el país, que según el balance elaborado por la Defensoría del Pueblo llegaron a 127 eventos de disturbios y protestas, 106 de los cuales  ocurrieron después de cerrada la jornada electoral.

El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, detectó que  Cauca (con el 9%), Bolívar (8%), Córdoba (8%), Santander (8%) y Chocó (7%) fueron los cinco departamentos donde ocurrió el mayor número de hechos de conflictividad, les siguieron Tolima (7%), La Guajira (6%) y Norte de Santander (6%). 

Sucederá que gane quien gane, la perdedora será la democracia, porque los canales y las rutas que se ofrecen a aquellos que consideran que algo pudo haber sucedido  en las urnas, fueron dejados de lado para actuar de manera violenta, lo cual no es la mejor forma de actuar.

Si tanto se habla de paz y de aplicación de justicia, nadie entiende cómo las organizaciones políticas y sus seguidores no han logrado saber que hay instancias como el Consejo de Estado para ir a luchar jurídicamente para que se diluciden las presuntas inconsistencias que se puedan haber presentado en las elecciones del 29 de octubre.

Haciendo memoria, desde cuando se instauraron las elecciones regionales, nunca el país había asistido a un bochornoso espectáculo de esta naturaleza, lo cual lleva a pensar que nos debemos revisar como sociedad, porque las diferencias no se resuelven de la manera que se ha visto en estos días poselectorales.

La polarización y las tradicionales diferencias políticas no pueden zanjarse quemando edificios o amenazando, porque esta clase de comportamiento lo único que genera es un enrarecido ambiente que, si no  se controla, puede terminar en acciones más radicales y riesgosas.

Por eso el llamado es la calma. A la cordura. A saber perder. A conocer que hay posibilidad de accederse a la nulidad electoral, si es que persisten las dudas o inconsistencias. Los soportes de la democracia y la estabilidad institucional son los que están en juego y arrasarlos no es la opción, pues sería llevar a la sociedad al abismo.

Y para que espectáculos tan deplorables no se repitan, la Fiscalía y los jueces tienen que actuar en consecuencia para aplicar todo el peso de la ley a quienes acudieron a las acciones violentas como forma de reclamación, porque aquí no cabe la impunidad.

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