Los niños en la guerra deja abiertos pasajes de cinismo, perversión y violación flagrante del derecho de la infancia, como acaba de suceder con el  reconocimiento y admisión del reclutamiento forzado por parte de los miembros del último secretariado de las  extintas Farc.

Se calcula que esa práctica de llevarse por la fuerza y con promesas falsas de mejoramiento de las condiciones de vida para incorporarlos como combatientes en las filas guerrilleras, el número de víctimas asciende a 18.677 víctimas, desde 1971 hasta 2016, según estimativos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este horrendo episodio que dejó marcados esos miles de menores de edad, para ese caso en específico, fue admitido ante la justicia transicional por el último comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

“Vine a hablar de lo que la guerra les robó a miles de niños en Colombia, y no hay discurso que pueda reparar eso”,  fue su planteamiento.

Pero en el país se advierte una montaña rusa donde se mueven los sentimientos por el reclutamiento y la utilización de menores de 15 años en las filas guerrilleras, los malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños reclutados y las violencias reproductivas que afectaron a las niñas.

De una parte hay un alivio, si puede decirse así, sobre la admisión pública de un  hecho tan repudiable y criminal como ese de cortar violentamente el desarrollo normal de las etapas infantil y juvenil, convirtiendo por la fuerza a las víctimas en combatientes. 

Y simultáneamente está el dolor lacerante de que todos esos hechos siguen ocurriendo en medio del recurrente  conflicto armado del que hacen parte disidentes  de esa guerrilla que firmó la paz, así como el Eln y organizaciones como el Clan del Golfo, todas ellas señaladas de seguir reclutando, con 257 casos reseñados por la Defensoría del Pueblo en 2025.

Entre los demoledores y dañinos efectos -que no se curarán tan fácilmente con la manifestación de perdón, arrepentimiento y reconocimiento de responsabilidad-quedan esas miles de vidas alteradas o cortadas de la faz de la tierra de menores que debieron haber podido ir al colegio, estar con sus familias y haber construido un futuro.

Esa herida no se cerrará tan fácil, hay que admitirlo, y las víctimas que sobrevivieron a esa oscura pesadilla deben estar recibiendo la necesaria atención en todos los órdenes y hay que buscar su reparación y que la verdad plena prime.

Aquí hay una inquietud, Se trata de que la no repetición prácticamente queda en entredicho, porque ya estamos viendo que una parte de esa desmovilizada guerrilla persiste en reclutar a la fuerza a menores, operación criminal en la que también persisten otras organizaciones armadas ilegales.

El Estado colombiano tiene una  gran deuda con la niñez al no garantizarles ni protegerles sus derechos y en ese campo del reclutamiento forzoso todavía está todo por hacer para salvar a los pequeños quienes son acechados hasta en las redes sociales donde los reclutadores los tratan de tentar con ofrecimientos de toda clase.

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