Viene ocurriendo desde hace más tiempo que el que lleva cerrada la frontera. Por eso, llama mucho la atención que solo ahora las autoridades colombianas se den cuenta de que no todos los venezolanos vienen a nuestro país en busca de salir adelante por las vías legales. Hay venezolanos que llegan y se enrolan en las filas del crimen, organizado o no.

Los medios de comunicación de la frontera lo han denunciado con frecuencia y de manera fehaciente, incluso con detalles sobre la manera de actuar de los recién llegados delincuentes. Una de sus particularidades es la de asesinar a su víctima y luego robarle lo que lleva, aunque no ofrezca resistencia alguna. Otra, convertir en botín cualquier cosa, incluso ropa usada, por la que pueden obtener ridículas sumas de dinero que a ellos les representa un ingreso cómodo.

Un descubrimiento de Medicina Legal llevó a que el gobierno nacional al fin se diera cuenta de que hay venezolanos en todos los sectores de la delincuencia. Son una minoría insignificante, pero que está causando gran daño en todo el país.

El 13 de junio, un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (Fac) contra un grupo disidente de las Farc en Fortul (Arauca) mató al menos a 16 irregulares. La necropsia reveló que cuatro de siete cadáveres examinados e identificados, eran de venezolanos enrolados con el grupo ilegal. Otros 6 están aún sin identificar.

Lo grave de la información es que según indicios, uno de los muertos era un militar activo de Venezuela identificado como Kervin de Jesús Martínez, de 28 años, asignado a la base de infantería de marina de Puerto Cabello.

En Norte de Santander, diversas fuentes oficiales han señalado que grupos de venezolanos actúan como asaltantes y ladrones en las calles de Cúcuta, y de que en la zona cocalera del Catatumbo, los inmigrantes de Venezuela reemplazan a los raspachines y otros trabajadores de las mafias de narcotraficantes.

En esas actividades —y también en otras, legales—, les pagan salarios que son escandalosamente ilegales: 100.000 y 200.000 pesos mensuales, sumas que para los inmigrantes representan un buen ingreso, pero que cuando se trata de empleos formales contribuyen a deteriorar la realidad laboral nortesantandereana.

Una razón para que este fenómeno de vinculación con el crimen se registre tiene que ver con la falta de control en la frontera. Por allí, incluidos los sitios de paso autorizado, ingresa cualquier persona, y viaja incluso a otro país atravesando el territorio colombiano, sin que el Estado se dé por enterado.

En los últimos meses, en fenómeno que no se puede desligar del incremento de la inmigración, en Cúcuta se ha recrudecido la extorsión, que ahora se registra en los barrios populares, donde las víctimas son los tenderos y  los transportadores.

Este fenómeno se complica en la medida en que, como se ha detectado, en los barrios, la vigilancia callejera está cada vez más en manos de venezolanos de los que casi nada conocen los vecinos.

Es fácil imaginar lo que podría suceder en un vecindario en el que vigilantes y delincuentes son inmigrantes irregulares de quienes no se conoce absolutamente nada. Ni el nombre.