Los concejales le dicen la otra Alcaldía, por el grado de autonomía que se le otorgó al Fondo de Valorización (Fondova) cuando lo crearon, y creen que su gerente, Marcos Carrero, es el otro alcalde, por su autoritarismo.

Además, creen que en el fondo mienten y actúan de mala fe —incluyen al secretario Luis Javier Chávez, de Hacienda—, y les endilgan ya la responsabilidad de la que sería una futura, pero cercana, catástrofe económica del Municipio.

Detrás, asoma el autoritarismo, esa actitud dictatorial que, sin excepción, se traduce en rechazo total a la norma y al mandato. La verdad es que, por naturaleza, a nadie le gusta que le impongan mandatos ni que le ordenen cómo comportarse, si antes no recibe una explicación mínima del porqué.

Más allá de que ante el Concejo local Fondova y Hacienda vayan prometido que ningún propietario de inmueble en Cúcuta pagará por Valorización más del 10 por ciento de lo que paga por impuesto Predial, pero en verdad estén cobrando hasta un 500 por ciento más, la actitud de estos directivos es altamente cuestionable.

 Se niegan a entregar explicaciones al Concejo sobre por qué no les informan a los propietarios cucuteños que deberán financiar el programa de megaobras de la Alcaldía, y se resisten a las peticiones de la gente, que en diversos tonos piden que le expliquen por qué le cobran, qué es valorización y para qué sirve, pero, en especial, de qué manera beneficia o perjudica a cada ciudadano.

Algunas consecuencias de esa actitud se pueden prever: sin explicación, sin saber por qué deben hacerlo, los ciudadanos se abstendrán de pagar, como lo hacen en otras circunstancias, y la deuda se acrecentará con los intereses, hasta hacerse impagable.

Así, la financiación del proyecto será imposible, y el monto de unos 235.000 millones arrastrará las finanzas de la ciudad. Al fin y al cabo, los contribuyentes están preocupados con el cobro de la contribución tal como está, vinculado al cobro del impuesto predial, porque aunque el Concejo le ha insistido a Fondova que separe los cobros, no ha sido posible que la solicitud sea acatada por Carrero.

Como resultado, lo más fácil para el contribuyente será dejar de pagarlo todo.

Cuando el Estado se impone con base en apegarse a los hechos cumplidos, es decir, sin permitirse considerar que tal vez los ciudadanos tengan razón, queda herida la democracia, que tiene en el derecho a participar en las decisiones uno de sus principales postulados.

Este asunto, sin embargo, tiene un componente que lleva a pensar en que el Municipio está fallando también en lo relativo al Concejo, pues el organismo dispone de mecanismos y herramientas para demostrar que coadministra, pero la tibieza en las posiciones asumidas es como si no estuviera asumiendo ninguna.

Los concejales, Carrero, el alcalde y todos los funcionarios públicos se deben a la ciudadanía, que les ha entregado el poder para administrar lo público. Todos son, por ello, empleados de los ciudadanos, no sus jefes, y están en sus posiciones para hacer lo mejor en busca de generar bienestar general, no para satisfacer sus egoísmos ni sus ansias de poder por el poder.