El microtráfico siempre se asoma como el factor generador de inseguridad en el área metropolitana de Cúcuta. Así se acaba  de apreciar desde otro  punto de vista de los datos estadísticos, como es el relacionado con el número de capturas. Pero también hay algo que llama la atención y es el de la gran cantidad de detenidos señalados de haber perpetrado delitos de diversa índole que salen libres.

Por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el año pasado se contabilizaron 1.091 detenciones, del total de 2.873 de personas que fueron llevadas tras las rejas señaladas de cometer diversos delitos, en 2025.

Este indicador surgido de las operaciones de la Policía,  es una reiteración sobre la incidencia que el expendio de estupefacientes en los municipios metropolitanos tiene sobre la inseguridad.

Debe recalcarse -como muy bien lo reclama la comunidad- que las ollas y las bandas que en la ciudad manejan y controlan la economía ilegal del narcomenudeo se requieren más y fuertes acciones contra ese flagelo que se ha hecho fuerte en la región.

El otro punto de evaluación surge de la advertencia reseñada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) de que “el alto número de capturados que recuperan su libertad genera reincidencia” en el país.

Lo mismo pasa aquí en esta zona fronteriza, en donde  1.085 de los 2.873 capturados recobraron la libertad por determinaciones de la administración de justicia.

“Desmotivación institucional y una creciente percepción de impunidad que afecta la confianza ciudadana”, es la afirmación que sobre este particular dejó en el ambiente  Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Luego resulta urgente que la Corte Suprema de Justicia,  la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia entren a analizar lo que está ocurriendo en este  campo de la aplicación de la pronta y efectiva justicia que es igualmente necesaria para el combate efectivo de la inseguridad y la violencia en Colombia.

En la mesa de deliberación, análisis y búsqueda de soluciones, que nadie entiende por qué no ha sido convocada por el poder judicial, es indispensable que se discutan las razones que conducen a los altos niveles de liberación inmediata.

Por ejemplo, Asocapitales advierte que el problema es estructural y está relacionado con la articulación entre las acciones policiales y las decisiones judiciales.

Entre  los aspectos a tener en cuenta debe de estar la revisión de los criterios de reincidencia en la perpetración de delitos y analizar las acciones a seguir contra ello, como una forma de enfrentar la inseguridad.

El fortalecimiento de la judicialización efectiva que conduzca, dentro del debido proceso, a una acción penal con sentencias firmes y ejecutables.

Otro de los  asuntos que requieren ser discutidos es el de un ajuste a las normas que permitan coherencia entre captura e imputación, al igual que priorizar delitos de alto impacto urbano y mejorar la articulación entre autoridades locales y el sistema judicial.

Luego no es solo que la operatividad crezca y que en las calles se vean más policías y soldados y que las acciones contra las bandas arrojen resultados sino que estos se traduzcan en coordinación con la administración de justicia en que las capturas se traduzcan en condenas y en calles más seguras. 

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