No es una historia macondiana: no sería creíble. Es un episodio para destacar en la historia universal del absurdo, pero, a la vez, un hecho que merece todas las críticas y todo el repudio de los ciudadanos, por el altísimo grado de desgreño y de caos que reinan en las altas instancias del gobierno.

La flamante Agencia Nacional de Tierras (ANT) busca con toda urgencia a un grupo de personas —no se tiene claro cuántas son, exactamente—, que ocuparon las gerencias del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en 16 departamentos, entre 2008 y 2015.

Estos exgerentes son la clave para que 28.000 millones de pesos —y los intereses generados— no se pierdan. Son dineros que el Estado destinó hace nueve años para apoyar a los campesinos colombianos, pero que quedaron atrapados y congelados en los bancos.

Según la ANT, esa millonada está en cuentas bancarias a nombre de esos exgerentes, que las abrieron en práctica increíble, que alguien debe estar investigando ya, mediante la cual, cada gerente regional depositaba fondos públicos en un banco, a su nombre y el de los campesinos beneficiados.

La situación se descubrió cuando a la ANT comenzaron a llegar las notificaciones de tutelas planteadas por los campesinos, que sabían que el Estado había girado a cada región los dineros, pero que ellos jamás recibieron durante todos estos años. Ni siquiera tenían información de qué había sucedido.

Cuando los gerentes salieron de sus cargos, por diferentes razones, a algunos se les olvidó al menos informar de esas cuentas bancarias. Lo correcto hubiera sido entregar la titularidad de cada cuenta. Por eso, el dinero quedó en los bancos. O, al menos, eso es lo que se supone.

Así pasó en Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle.

Pero, ¿quién y cómo creó este mecanismo, a todas luces ilegal, pues los recursos del Estado no pueden ir a manos de particulares sin una norma legal de respaldo? ¿Por qué, en todo este tiempo, nadie se percató de lo que ocurría? Fue como si, simplemente, se hubiera supuesto que liquidar una entidad como Incoder fuera cosa de declararla muerta. Y punto.

¿Cómo tantos gerentes se olvidaron de devolver dineros que están a nombre de cada uno, sin que les pertenezcan? Y si, después, alguno de ellos nada más iba al banco y cobraba los fondos ¿quién le hubiera dicho que no era posible?

Pero, más allá, aún. ¿Dónde han estado durante estos años la Contraloría, la Auditoría, la Contaduría, la Procuraduría y todos los órganos de control? ¿Qué han hecho desde el día en que se conoció la realidad? ¿Cuál de estas ‘ías’ se ha dedicado a buscar a esos gerentes, para que devuelvan las cuentas?

Es de suponer que todos los gerentes actuaron de buena fe, y que los dineros de los campesinos están a salvo. Pero la demostración del caos y de irresponsabilidad por parte de sectores del gobierno es más que preocupante. ¿Qué más cosas estarán siendo tratada así e, incluso, con mangas más anchas?