El presidente Juan Manuel Santos estuvo en Cúcuta con varios de sus ministros el 8 de febrero pasado y luego de reuniones con las autoridades y representantes de los gremios de la región, el Gobierno adoptó una serie de medidas para enfrentar la grave situación económica, social y de salud pública generada por la creciente migración de venezolanos a Colombia, lo que agravó la de por sí traumática crisis de nuestra zona de frontera.

A pesar de los anuncios y las medidas tomadas, el fenómeno migratorio persiste aunque se ha logrado regular un poco. 

Los puestos de control y la vigilancia sobre las trochas o pasos ilegales se han activado e incrementado, pero hay que admitir también que el fenómeno del contrabando se mantiene “vivito y coleando”.

La situación de violencia delincuencial y criminal parece haberse incrementado, a pesar del aumento del pie de fuerza de la Policía. 

Los hechos de violencia que a diario registran los medios, a un lado y otro de la frontera, así lo evidencian.

Por la tirantez y el deterioro de las relaciones con Venezuela no es posible llevar a cabo acciones conjuntas binacionales que permitan enfrentar a las bandas criminales y delincuentes de todas las  pelambres. 

Está situación no es de ahora y nuestras autoridades lo saben.

Lo que urge entonces son más acciones contundentes y sostenidas contra los actores violentos hasta neutralizarlos y meterlos en cintura. 

El macabro espectáculo de ver pasar gente con ataúdes sobre los hombros de un lado a otro del río o de la frontera no puede seguir, como tampoco el enfrentamiento a bala en varios de los muchos pasos ilegales, que con frecuencia se repiten a lo largo de nuestra frontera. 

Los ganaderos de la región se han vuelto a quejar porque las medidas que se anunciaron para aliviar su situación tampoco han dado los resultados que se esperaban. 

Sobre los proyectos y planes para la generación de empleo es preocupante apreciar que los procesos administrativos y burocráticos son desesperadamente lentos y los recursos no fluyen como debería ser para hacer frente a una situación de emergencia como en la que nos encontramos desde hace varios años.  

Y en relación con los planes que se anunciaron para vincular a las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo y a las Personerías “para la construcción y articulación de lo que será el procedimiento de caracterización de la población venezolana que ya se encuentra en Colombia”  no se tienen  noticias de que estén funcionando o de sus avances. 

Las autoridades de salud de la región prendieron las alarmas por la llegada o el paso de enfermos como el caso del niño afectado con sarampión, enfermedad que en nuestro país ya fue erradicada y que las obliga a tomar medidas especiales de prevención.

Todo nos hace pensar que vuelve el pesimismo a la zona de frontera y que estamos en la misma situación de abandono y negligencia de antes de la visita del presidente de la República y sus ministros. 

Por ello es por lo que solicitamos nuevamente a las autoridades y dirigentes de la región a seguir reclamando al Gobierno Nacional la atención que tanto necesitamos y merecemos.