En los 147 kilómetros de frontera entre Norte de Santander y Táchira hay identificadas 39 trochas con nombres tan sonoros como el Infierno, la Marranera, la Playita, la Isla o la 51, esta última situada en pleno casco urbano de Cúcuta y cerca de colegios, urbanizaciones y viveros.

Por esos caminos ilegales se trafican mercancías de contrabando, cocaína y armas, allí operan la guerrilla y las bandas criminales venezolanas y colombianas, hay asesinatos, trata de personas, desapariciones, extorsiones e intimidaciones a quienes siguen aventurándose a cruzarlas, pese a que los pasos fronterizos están abiertos.

Sin embargo, debemos pensar que mucha agua pasará por debajo de los puentes antes de ver convertida en un hecho real, la orden dada en Cúcuta por el presidente Gustavo Petro de que esas trochas se cierran porque se cierran.

Para que eso no sea flor de un día, hay que llegarse a un acuerdo de cero tolerancia a la corrupción entre las policías, ejércitos y unidades migratorias colombo-venezolanas porque primero está la defensa de los Derechos Humanos, la protección del territorio y la defensa de la economía y el empleo.

Hay que formar especies de patrullas fronterizas (con soldados, policías y agentes de migración) que vigilen esos lugares y no permitan que nadie entre y salga y erradiquen de esos caminos verdes a los grupos ilegales.

Y como muchos venezolanos o colombianos dirán que no tienen otra manera de cruzar porque no cuentan con los documentos, ahí viene entonces el urgente compromiso de las cancillerías y embajadas de reabrir sin más dilaciones los consulados y que las autoridades aduanales del Táchira agilicen los trámites para los importadores de ese país.

 La Polfa es otra institución llamada a jugar papel de contención para desmantelar esa economía ilegal que se sigue moviendo por las trochas enriqueciendo a los contrabandistas.

 Además, las autoridades deben determinar si establecen especie de estaciones o pequeños puestos fijos con unidades móviles para los patrullajes a los que en ciertos sectores es necesario vincular a unidades antinarcóticos.

Así que eso no es solo meterles unos explosivos o retroexcavadoras para inutilizar los caminos verdes, porque lo que hay que hacer es atacar toda esa red criminal que hace y deshace y se embolsilla millonarias sumas de dinero.

La insistencia es que no se puede seguir asistiendo al peligroso espectáculo que todos conocemos y que Petro recordó: “uniformados, funcionarios de allá (Venezuela) y de acá (Colombia) están cobrando la comisión”, a lo que hay que agregarle que a la entrada y en el medio están los extorsionadores de los grupos armados ilegales cobrando la vacuna.

No olvidemos que para el control y combate de la ilegalidad en ese microcosmos hay que lograr la cooperación judicial, el intercambio de información y hasta la definición de los procesos de persecución que implican una muy bien y confiable red de comunicaciones policíacas y militares de lado y lado del Táchira.

Por todo lo anterior, hay que aprovechar este momento de efervescencia y calor para que tengamos una frontera moderna, organizada y segura, en estos puntos de Táchira y Norte de Santander, para demostrar que realmente para los gobiernos de Maduro y Petro el restablecimiento de relaciones y la reapertura es una cuestión de Estado para la consolidación de un área binacional que lleve progreso y desarrollo a todos sus habitantes.

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