De manera consciente, este Gobierno viene debilitando a la Fuerza Pública. En paralelo, fortalece a los bandidos y a las organizaciones criminales.

La semana pasada, consiguió en el Congreso que le permitieran reconocerle estatus político a las disidencias de las Farc, aquellos grupos de esa organización terrorista que se negaron a entrar en la negociación con Santos, y sentarse a la mesa con ellos. De paso, según el Ministro del Interior, también podrá hacer lo mismo con los reincidentes, aquellos que, como Iván Márquez, negociaron y pactaron con ese Gobierno pero decidieron devolverse al monte y seguir delinquiendo.

Semejante decisión es contraria al espíritu del acuerdo de 2016 y premia a aquellos que lo traicionaron. Sobre la traición no hay duda: Márquez, no es solo un reincidente. Fue el jefe negociador de las Farc en La Habana.

El mensaje es devastador: no importa que se haya tenido oportunidad de negociar ni que se haya pactado, ni que se siga delinquiendo ni que se vuelva a delinquir, ni que se traicione lo voluntariamente pactado, tarde o temprano se puede volver a negociar con el Gobierno de turno y obtener, otra vez, beneficios de indulto y amnistía (que solo se pueden conceder para delitos políticos y conexos) y otras gracias jurídicas, políticas y económicas semejantes o mejores a las concedidas en las Farc en el pacto del 16. Favores que, no sobra recordarlo, no tienen ni siquiera los ciudadanos de bien que nunca han delinquido, que jamás han violado la ley. Beneficios y gracias, tampoco hay que olvidarlo, no para cualquier delincuente sino para los peores bandidos, narcos, asesinos, secuestradores, violadores, criminales de guerra y de lesa humanidad.

No solo no hay castigo por delinquir, no solo no se paga precio alguno por incumplir la palabra o traicionar lo acordado, sino que se premia al criminal y, peor, se le asegura que aunque siga delinquiendo, se le seguirá premiando. Si la ausencia de sanción es un estímulo para el delito y para la violencia, la impunidad reiterada multiplica exponencialmente el incentivo.

De paso, desmoraliza a los ciudadanos de bien y los va acostumbrando, como vemos hoy, a que la ley solo se aplica para ellos pero no para los que delinquen. Si se mata mucho y por mucho tiempo, si se trafica droga en cantidades industriales, el Gobierno se arrodilla frente al criminal y le entrega lo que quiera, impunidad, retribuciones económicas y curules en el Congreso, sin exigirle siquiera que no vuelva nunca más a asesinar o traficar.

Al mismo tiempo, Petro consiguió que le aprobaran en segundo debate en el Congreso la eliminación del servicio militar obligatorio. Se puede alegar que el Ejército ideal es profesional. Habría que matizar. En Europa, hay servicio militar obligatorio en Austria, Dinamarca, Suecia y Suiza, por ejemplo. En Corea del Sur también es obligatorio. En Israel, todos los hombres y mujeres deben incorporarse a las Fuerzas Militares al cumplir su mayoría de edad.

Ocurre que ninguno de esos países debe enfrentar, y debe hacerlo al mismo tiempo, amenazas a su soberanía e integridad territorial como las que suponen Venezuela y Nicaragua, y agresiones internas del narcotráfico, grupos armados ilegales y delincuencia organizada como nosotros. Ninguno vive un conflicto armado interno y está ahogándose en coca.

En cambio, la crítica de que el servicio militar en Colombia solo es obligatorio para los más pobres es cierta. Todos, absolutamente todos, deberían prestarlo. Pero la culpa de la inaceptable discriminación no es de los gobiernos sino de una decisión grosera de la Corte Constitucional.

El Ejército profesional no podemos pagarlo. Y el desmonte del servicio militar solo beneficia a los bandidos. Así es este Gobierno.

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