Blanco es, gallina lo pone, frito y con pan se come… Así, tan fácil como la adivinanza infantil, es la tarea que tienen por delante Corponor y las autoridades judiciales y policiales del departamento para enfrentar las consecuencias del paro cocalero.

Será una tarea en la que no hay que buscar a los responsables: se sabe que la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) organizaron un paro que se convirtió en una violenta cadena de desmanes y abusos…

Por lo mismo, sus dirigentes son responsables de todo lo sucedido.

Lo que hicieron lo han denunciado con asombro toda la prensa regional, varios alcaldes y personeros, empresarios grandes y pequeños, transportadores y campesinos —estos sí campesinos— y lo ha sufrido todo el departamento.

Corponor —cuyo director, Gregorio Angarita, quien en reiteradas ocasiones ha pedido que  quien tenga informes de abusos contra el medioambiente regional que los denuncie, para que él pueda actuar— tiene hoy una excelente oportunidad para exigir, por todos los medios a su alcance, que los responsables paguen por los crímenes ecológicos que estos días cometieron en el departamento.

En la misma situación están todos los órganos de control y de justicia, por el desastre ecológico, por los camiones incendiados y por la violación de derechos fundamentales de los ciudadanos, como negarles la libertad de desplazarse a donde querían o amenazarlos si no se sometían a los bloqueos carreteros.

El hecho de que un vocero de los cocaleros haya dicho que la devastación de bosques, la contaminación con aceite de al menos una fuente hídrica, la quema de camiones y otros desmanes ocurridos en los sitios donde hubo bloqueos de las carreteras durante el paro, son hechos responsabilidad del Gobierno, ni a él ni a oros líderes les otorga inmunidad.

Y si el pretexto que argumenta el vocero es la acción del gobierno a nombre del Estado para restablecer la plenitud de derechos de los ciudadanos, violados de manera permanente durante el paro, pues se equivoca aún más.

El Estado tiene organismos de seguridad autorizados para acudir a la fuerza si se atropella a personas indefensas. A la fuerza ilegítima se responde con fuerza legítima que el Estado les entrega en exclusividad a algunos funcionarios.

Y, en el caso de Norte de Santander, la Policía antimotines actuó porque, mediante la fuerza, grupos de personas que se decían en paro tumbaban árboles, destrozaban e incendiaban autos, tiraban cocteles molotov e impedían usar las carreteras. Y el medioambiente sufre las consecuencias.

Corponor debe entregar, en el menor tiempo posible, a la Policía, y ésta a la Fiscalía, las pruebas irrefutables de la devastación cometida por quienes se hacen llamar campesinos, algo de lo que no tienen un pelo.

¿Cuántas veces habrá ocurrido que un vecino barrial debe comparecer ante las autoridades del Estado porque taló un árbol sin permiso o fue pillado tirando basuras al río? Muchas, quizás.

Con mayor razón deben ser sancionados los responsables de matar árboles para tirar sus troncos a la calzada vial y de tirar aceite a una quebrada y de lanzar a la atmósfera gases contaminantes de la quema de camiones o del acpm regado sobre el asfalto caliente de las vías.