En Colombia, la ausencia del Estado no solo ocurre en las más apartadas zonas montañosas y selváticas en donde fue sustituido por organizaciones ilegales, de ordinario armadas, que ejercían severo control de todo cuanto allí ocurría.
Sin duda, aún quedan rezagos de esa carencia institucional y de todas esas prácticas, en zonas como Nariño, Cauca y Chocó, las selvas orientales y, en nuestro caso, en el Catatumbo y en la zona fronteriza con Venezuela.
Pero hay otros campos donde la falta del Estado genera problemas realmente graves, como en el mundo de la contratación oficial, en el que ocurren verdaderas y dolorosas aberraciones que no se corrigen, precisamente porque la severa debilidad institucional lo impide.
Estos días, el Contralor General de la República ha escandalizado al país con las revelaciones de lo que ha descubierto este año en lo relacionado con los contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Según las investigaciones, los problemas hallados en los contratos de 2017 son los mismos de al menos los dos años anteriores: actos gravísimos de corrupción cometidos por los mismos contratistas, que de un año a otro, y para quedarse con el negocio, se limitan a cambiar la razón social de las empresas o a cambiar a unos pocos accionistas o a modificar el objeto social.
Desde luego, esto lo sabe la Contraloría, pero también quienes contratan.
Hay quienes, por razón de obligaciones constitucionales y legales, debieran actuar, pero no lo hacen. Aquí caben el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, de quienes no se puede creer que ignoren lo que todo el país sabe en detalle: nombres de contratistas y de sus empresas, formas de actuar, etc.
Si hubiera fortaleza institucional, es decir, si de verdad existiera un Estado eficiente y eficaz, ya estarían bajo proceso penal todos los responsables de que unos y otros responsables de que en Cartagena se hubieran pagado pechugas de pollo a 40 mil pesos cada una, y 2.824 kilos de canela, por más de $39 millones de pesos, con el agravante de que ese producto no figura en ninguna acta de entrega.
Se les llama órganos de control, a estas populares ‘ías’: Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Contaduría, Auditoría..., con nombre rimbombante todas, afectadas también todas por el mismo mal: tienen dientes de leche para morder solo a los más débiles de las cadenas corruptas, dientes con los que, por supuesto, nada producen.
¿Cómo explicar que ataques frontales contra la integridad física de los niños, como son todos los actos de corrupción en el PAE, no haya generado la más pequeña reacción de esos órganos de control? ¿Cuántas personas, y en dónde, están siendo juzgadas por las pechugas o por la canela o por los panes con moho o por darles a los niños como almuerzo un refresco y un pan?
¿Y cuántos funcionarios han sido sancionados por la Procuraduría, por su conducta corrupta comprobada?
Como lo enseña la historia, por esta época, en 2018 la Contraloría General de la República quizás esté dando a conocer un informe similar sobre el PAE, y el funcionario encargado hablará de los mismos nombres, de las mismas firmas, de los mismos delitos de hoy… y de la misma impunidad.
