La culpa no es ni de la Policía ni de los fiscales ni de los jueces. Bueno… en este caso, no de la mayoría de los jueces. El serio problema de los delincuentes capturados y luego dejados libres es culpa del Congreso.

Es este organismo —porque hacerlo está dentro de sus funciones— el que aprueba los códigos de Justicia, y uno de ellos es el de Procedimiento Penal (CPP), es decir el que dice qué se puede y debe hacer y qué no con los delincuentes y los procesos judiciales a los que son sometidos.

El actual CPP —como todos los demás— responde a una necesidad, en este caso, la de encontrarle solución al problema del hacinamiento carcelario, verdadera catástrofe humanitaria de conocimiento internacional.

Según el espíritu de esta ley, los delincuentes considerados no peligrosos no tienen por qué ir a complicar aún más el estado lamentable de las cárceles, y para ello autorizó a los jueces a decidir sobre la libertad de los acusados, si en un análisis objetivo de la realidad consideran que esas personas no son peligrosas.

Entonces, deciden dejarlas en libertad, así como a determinados delincuentes los envían a casa o a sitios especiales a pagar su condena: su grado de peligrosidad, según los jueces, es leve.

El hurto simple, el delito que más acosa y exaspera a los ciudadanos es, tal como lo demuestran las estadísticas, el que menos rigor exige de un juez en su tarea de decidir dejar libre a un reo. Otra cosa ocurre con un reo de homicidio agravado.

Y los jueces dejan libres a los delincuentes, porque la ley lo determina así, no por capricho o por razones personales, sino porque si no lo hacen, ellos serán, entonces, los acusados.

Esto, sin embargo, no es entendido por la sociedad, que acusa a los jueces de corruptos y negligentes, cuando en realidad están actuando de acuerdo con las leyes, que determinan que, por ejemplo el valor de lo hurtado, puede ser considerado mínimo, razón suficiente para que el juez deje libre a un ladrón, en decisión que por sus efectos genera un ambiente de aparente impunidad, que impacta en la sociedad.

Y ese impacto se traduce en reacciones masivas que están causando dolores de cabeza a las autoridades. Ya ha habido linchamientos, que son la peor forma de justicia y la muestra de que la sociedad deambula sin principios.

Cuando el tumulto hace de juez y parte y de verdugo, la sociedad se está tan cerca del salvajismo que solo queda esconderse, para evitar confusiones.

En el caso de Colombia, la política de facilitar la libertad de los acusados por los jueces, para aliviar el hacinamiento carcelario, lo mismo que la de mantener las cárceles preferenciales, que las hacen cómodos hoteles, en vez de prisiones, y la de enviar a casa a los condenados, están llevando al hastío social, una situación que se hace más compleja en la medida en que se sabe que quienes no van a la cárcel son la mayoría de delincuentes.

Pero ningún juez se va a arriesgar a ir preso negándose a otorgarle la libertad a quien por mandato de la ley de le debe otorgar. Y mientras la norma esté vigente, pues habrá que entender que no hay nada equivocado en esa práctica.