Todo acto del hombre es un acto político, y no hay necesidad de acudir a la famosa definición del zoon politikon de Aristóteles. El hombre es un animal político y se comporta como tal en cada cosa que decide hacer.

Aquí está la razón primera de las ideas políticas, que no partidistas, de cada persona, a la que se le garantiza la libertad de pensar, expresarse y actuar como mejor le parezca, sin menoscabar los derechos de las demás personas, claro está.
 
Un gran desafío ético tiene que ver, precisamente, con la manera como las personas dejan de lado sus convicciones políticas, religiosas o ideológicas, con el fin de actuar de la manera más objetiva y profesional posible en muchos asuntos.

No en todos, es la verdad, pues hay personas que privilegian los criterios partidistas en muchas de sus actuaciones.

Una de las actividades en las que ese tipo de actos es detestable es la Justicia: pocas situaciones son peores que la que genera una Justicia orientada en favor de ciertos intereses, de ordinario partidistas. Siempre que ha ocurrido, las sociedades terminan sumidas en una muy grave hecatombe.

Hace unas décadas ocurrió en Colombia: los jueces estaban afiliados a determinado partido político, y con esa óptica actuaban para beneficiar a los suyos aunque no tuvieran la razón y para perjudicar a los demás, aunque la razón los acompañara.

La principal consecuencia de esta aberración, estimulada desde el gobierno, fue una guerra salvaje que por una parte, 60 años después se niega a morir, y por otra, deja en manos de la nueva Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la sanción de actos que deben ser juzgados.

Surge, sin embargo, una preocupación.

De un  concurso de méritos se seleccionaron los que, al menos en teoría, fueron los mejores candidatos. Y casi de inmediato, incluso en los medios de comunicación, los elegidos fueron catalogados como cercanos a unas ideas partidistas o a otras; inclinados hacia allá o hacia acá en relación con los partidarios de acabar con la guerra o de quienes adoptaron la postura contraria; afines a unos sectores sociales o afines a otros… en fin, a cada uno de los escogidos se le ubicó donde les pareció a los analistas y comentaristas.

Así, no es improbable que un juez que haya expresado simpatías por la lucha social, por ejemplo, se le califique de malo o de bueno según su fallo contenga determinadas ideas o las descarte. Igual puede suceder si el juez que procesa a militares del Estado, por ejemplo, alguna vez expresó una idea con la que puedan encasillarlo como cercano a los organismos de seguridad, y termina absolviendo a los procesados.

El problema no está en si los jueces tienen o no determinadas ideas políticas —que, de todas maneras, las tienen— ni en si tienen capacidad para juzgar con equilibrio —por esa razón los eligieron— sino en la percepción que de ellos genere la sociedad a raíz de matrices de opinión expresadas en los medios.

En este de la JEP, como en todos los casos, lo hemos reiterado en esta sección, no se necesitan jueces ni buenos ni malos, ni buenas o malas personas, sino jueces justos. Solo eso. En esto está la clave de la JEP y de la superación de la guerra y sus consecuencias.