Todos los esfuerzos y acciones que se emprendan en la lucha contra las diferentes formas de contrabando y para mitigar su tremendo y perturbador impacto en los diversos sectores de la economía, merecen el respaldo y apoyo de los colombianos.
Por muchos años, en Cúcuta y la zona de frontera hemos venido padeciendo los rigores mortales y violentos del contrabando con todas sus perversas secuelas y consecuencias en la vida y el desarrollo de nuestras comunidades.
El contrabando no solo hace daño a nuestra economía formal y a los fiscos territoriales, también atenta contra la salud y la vida de nuestros ciudadanos y es una fuente inagotable de corrupción y violencia.
Por eso celebramos la decisión de la Fiscalía General de la Nación y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de renovar el convenio para combatir el contrabando, la falsificación, adulteración y comercialización de productos que afectan la vida de los colombianos. Este acuerdo permite a las dos instituciones aumentar el intercambio de información en forma rápida y oportuna para neutralizar las acciones de los grupos o estructuras criminales.
En el caso del contrabando y la falsificación de medicamentos y licores, la Fiscalía ha logrado establecer que existen mafias ligadas con bandas criminales para lavar las cuantiosas sumas que genera el narcotráfico. El fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho, a propósito de la renovación del acuerdo entre la Fiscalía y la Andi, que uno de los principales logros de su trabajo conjunto, entre agosto del año pasado y junio de 2017, fue desarticular la banda conocida como Red de la Costa, la que se dedicaba a la falsificación de los medicamentos utilizados para madurar los pulmones de los niños recién nacidos. Estos delincuentes operaban en Montería, Barranquilla y Bogotá.
Otros operativos llevados a cabo gracias a ese convenio se relacionan con grupos que comercializaban medicamentos alterados para tratamiento de cáncer y sida, una organización que falsificaba alimentos y detergentes en Nariño y Antioquia, y un grupo criminal dedicado a la elaboración, venta y distribución de venenos en el Valle del Cauca.
Según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, desde julio de 2015, cuando entró en vigencia la Ley Anticontrabando, se han desarticulado 34 bandas criminales dedicadas al ingreso ilegal de mercancías de todo tipo, por 2,1 billones de pesos. En lo corrido de este año se han ejecutado 65 operativos con 37.682 aprehensiones por valor cercano a los 270.000 millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 11.5 por ciento en relación con el 2016.
En días pasados en Buenaventura, según el informe de la ministra Gutiérrez, se decomisaron cuatro contenedores procedentes de China, con confecciones como chaquetas, chalecos y ropa interior, por un valor superior a los 5.000 millones de pesos.
Para nadie es un secreto que el contrabando de confecciones y textiles tiene en la quiebra a buena parte de este sector en Cúcuta y el resto del país, lo que ha significado una considerable pérdida de puestos de trabajo, agravando los problemas de desempleo e informalidad. Según fuentes de la empresa privada, el país pierde 4,5 billones de pesos al año por culpa del contrabando de textiles.
Son daños y perjuicios extraordinarios por lo que la guerra al contrabando hay que seguirla e intensificarla.
