Aunque la Constitución de Cúcuta de 1821 dio inicio a la abolición del esclavismo en Colombia, la cual se logró en 1851, hoy en estos tiempos Norte de Santander es uno de los rincones donde golpea con fuerza la trata de personas o esclavitud del siglo XXI, como se le conoce.

Sin ir tan lejos, en la oprobiosa guerra del Catatumbo entre el Eln y la disidencia de las Farc fueron rescatados 36 niños reclutados forzadamente por esas organizaciones armadas ilegales, dato que horroriza, porque es una gota en un mar de violación a los derechos humanos.

Varias condiciones convergen para que el departamento sufra con fuerza este mal. El conflicto armado y la inseguridad son los que más juegan en favor de la trata de personas.
Los agentes generadores de ese ambiente violento reclutan menores, pero también someten sexualmente por la fuerza a mujeres combatientes o de las zonas a las que llegan, dentro de sus hostiles acciones de control social y territorial.

Al estar en la zona más activa de la frontera colombo-venezolana, la trata de personas se ensaña contra los migrantes bien sea para la prostitución o para los trabajos forzados, o la instrumentalización por  parte de las bandas criminales para, mediante amenazas, llevarlos a que cometan delitos.

En este caso deberían las autoridades ponerle algo de atención a la siguiente advertencia de la Organización Internacional para las  Migraciones (OIM) de que “en todo el mundo las personas víctimas de trata -a menudo migrantes, jóvenes y menores-son obligadas a cometer delitos como fraude en línea, tráfico de drogas y robos, y en lugar de ser reconocidas como víctimas, son criminalizadas negándoles todo tipo de apoyo”.

Y obviamente, algo que siempre ha estado ahí y contra lo cual debería actuarse con mayor rigor, es el de las organizaciones de proxenetismo que captan a niñas para explotarlas sexualmente, siendo sus víctimas más vulnerables las de barrios y sectores pobres y deprimidos.

Lo peor de todo esto es que en lugar de disminuir, lo que se advierten son hechos como el subregistro y las escasas denuncias.

Al revisar lo expuesto por algunas instituciones a propósito de que se acaba de conmemorar el día internacional contra la trata de personas, resulta que la Defensoría del Pueblo tiene a Norte de Santander como el departamento con más casos atendidos, tanto en lo corrido de este año como en el pasado, con 81 y 111, respectivamente.

Ocupar ese preocupante primer lugar nos debe mover como sociedad a fortalecer la lucha contra la trata aplicando pronta justicia, evitar favorecimientos y la  revictimización para de esta manera poder lograr que los afectados no teman denunciar cerrándoles la puerta a la impunidad y a las bandas que pretenden seguir ejecutando este delito con cadenas y grilletes, no físicos, sino psicológicos y amenazantes.

Ese tráfico de seres humanos hay que frenarlo con contingencia, porque es un generador de grandes sumas de  dinero para las organizaciones que lo manejan y porque  destruye la dignidad humana, causa deserción escolar, efectos psicológicos irreparables en las víctimas, muchas de las cuales incurren en episodios de intentos suicidas, aparte de ir dejando una generación criada en medio de la guerra, al haberlos obligado a cambiar los cuadernos y lápices por el fusil y la pistola.

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