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Editorial
La dignidad del Congreso
Congresistas han sido vinculados, como autores o como gestores, y como cómplices, a investigaciones y procesos penales y disciplinarios de diversa índole.
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La opinión
La Opinión
Sábado, 21 de Julio de 2018

Es un mal presagio eso de bajarse los pantalones y mostrar el trasero, conocido ya, además, de Antanas Mockus. Si el viernes, ese fue el mejor argumento opositor, la inauguración oficial de la figura gobierno-oposición parece condenada al desastre.

No porque hacer lo que hizo el senador, como sostienen algunos, sea una ruda afrenta a la dignidad del Congreso, que ni siquiera se ha preocupado por recuperarla, sino porque en términos de pedagogía política, lo único que quedó en claro es que ni Mockus ni la oposición han avanzado un milímetro en su calidad de opción alternativa.

La dignidad del Congreso se perdió hace muchos años, cuando comenzaron a ser perseguidos por la Justicia muchos senadores y representantes que convirtieron la corporación en algo parecido a la cueva de Alí Babá, un centro de negocios sucios.

La poca dignidad que pudiera quedar, prácticamente se tiró a la basura el día de 2004 en que Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez, el sancta sanctórum del paramilitarismo, el reino del genocidio en pleno, llegó al Congreso a validar todas las ideas de su discurso de violencia política extrema, en medio de aplausos fervorosos que callaron cuando un senador se levantó y dijo que esos hombres allí no estaban en plan de someterse a la Justicia, como lo dijo el gobierno, sino de someter a la Justicia.

Un año después, el mismo Mancuso se encargaría de barrer el piso con todo lo que significara dignidad del Congreso, cuando, ante la Corte Suprema de Justicia, dijo sentir afecto por el 35 por ciento de los congresistas, porque fueron elegidos en zonas controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Desde entonces, más y más congresistas han sido vinculados, como autores o como gestores, y como cómplices, a investigaciones y procesos penales y disciplinarios de diversa índole, incluidos algunos casos de asesinato.

Estos días, colegas de Mockus, están bajo investigación —al menos dos están en la cárcel de manera preventiva—, lo que da a entender que el fenómeno continúa, y que hay razones para que los colombianos consideren que el Congreso es, de lejos, la institución más desacreditada del Estado colombiano.

Horas antes del día en que los actuales congresistas fueron elegidos, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, insistió en el tema de la corrupción entre los políticos y habló de que investigaba actos nauseabundos en campañas de aspirantes, varios de los cuales ya asumieron sus curules.

No se trata de pasar por alto el gesto de Mockus, que incluso podría llevarlo a ser sancionado disciplinariamente por la mesa directiva del Congreso, pero la simple comparación de hechos da para que a cada caso se le dé su justa dimensión. Es una metedura de pata, como se dice popularmente, pero no lo peor que ha ocurrido en las dos cámaras de la entidad.

El hecho de bajarse los pantalones y mostrar el trasero para exigir respeto por el orador al que nadie escuchaba, adquirió dimensiones importantes, porque fue ante las cámaras de televisión, que transmitían en directo.

Otros casos no trascienden, quizás porque sus protagonistas, además de no ser vistos por los televidentes, violan las normas legales y cometen actos muy graves sin bajarse los pantalones. Escatológicamente hablando, claro.

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