Es una situación que se repite con tanta frecuencia que parece un fenómeno dolorosamente permanente, con decenas de niños en el centro de un drama por el que nadie se preocupa, a pesar de sus particularidades internacionales.

El asunto es que, por estos días y desde hace varias semanas, 107 familias de la comunidad india yukpa, de Venezuela, juegan al gato y al ratón con todas las autoridades colombianas, con la complacencia de la contraparte venezolana, que encontró en esa situación una solución que le compete exclusivamente a ese país.

Pero no son 107 familias como las que se acostumbra en la llamada sociedad occidental: cada familia yukpa está integrada por una pareja y al menos 10 hijos, todos de pocos años, y en el caso local, familias que no obedecen a una autoridad central, sino a acuerdos momentáneos entre los numerosos jefes.

Los yukpa o motilón mansos viven en la serranía de Perijá, como que son hermanos de nuestros barí o motilón bravos, solo que en ellos parece haber influido alguna vez la línea divisoria, pues a simple vista son notorias las diferencias de toda clase entre los de acá y los de allá.

Los de allá, muy poco hacen para dejar de depender de la ayuda, casi siempre mínima, del Estado y de organizaciones solidarias. Prefieren que les den, y por eso insisten en venir a Cúcuta, donde casi siempre se convierten en un problema para los vecindarios donde se asientan, algo que hacen a la fuerza, sin pedir permiso, con actitud hostil que se traduce en apedreamientos a quien se acerque.

En dos oportunidades fueron llevados a Puerto Santander, y los entregaron en el puente internacional a las autoridades venezolanas. Pero a Cúcuta regresaron casi que primero que quienes los llevaron. Ante sus enormes necesidades, se hace utópico pensar que están dispuestos a perder la ayuda que la gente les da, porque desconoce que lo único que se logra con ello es forzarlos a quedarse.

La cancillería colombiana, se resiste a que le atribuyan la responsabilidad del caso, con el argumento de que es caso del ministerio del Interior. El ministerio del Interior tiene una dirección de asuntos indígenas, pero dedicada exclusiva y excluyentemente a tratar todo lo relacionado con las comunidades indias colombianas.

Los yukpa entonces, ni siquiera tienen una autoridad con la cual dialogar. Representan una comunidad extranjera, que interfiere con la vida de comunidades colombianas, y ese asunto le corresponde asumirlo seguramente, en últimas, a la cancillería. 

Además, carecen de la ventaja de los wayúu que, por serlo, son considerados colombianos, aunque hayan nacido en Venezuela.

Pero, mientras sigan las desesperadas autoridades cucuteñas acudiendo a las mismas formas de siempre, de llenar un bus con alimentos procesados como carnada para poderlos transportar fuera, como esta vez, hasta Machiques, al sur del Lago de Maracaibo, nada se está haciendo diferente de indicarles que basta venir, ocupar un terreno, causar problemas y al final les den lo que quieren…

De todos modos, la Alcaldía no puede hacer nada diferente. Solo que, por razón de su falta de facultades y de conocimiento, con su actitud lleva a que acierte quien sostiene que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.