En la administración de justicia en Norte de Santander “existe una congestión importante en las diferentes instancias, con jueces y fiscales que pueden tener a su cargo más de 3.500 casos pendientes”. 

Partiendo desde esa consideración planteada por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial resulta  de la mayor urgencia que se atienda lo que está ocurriendo, frente a  las circunstancias especiales que tiene le región.

Combatir la impunidad es requerida para enfrentar la criminalidad desatada en el área metropolitana de Cúcuta, puesto que una justicia eficaz y efectiva les hará entender a los asesinos y delincuentes que no tendrán escapatoria para pagar ente la sociedad por sus delitos.

El que haya despachos de jueces y fiscales con desbordamiento de procesos posibilita que se pueda llegar al famoso vencimiento de términos debido a la mora en la aplicación de la justicia.

El llamado es para que se lleve a cabo un diagnóstico de las condiciones actuales en que se cumplen las funciones en los despachos judiciales para proceder a eliminar ese cuello de botella ocasionado por la “congestión importante”.

Hay que darle solución inmediata a esos 3.500 casos pendientes, como lo señalara Asonal Judicial, para conjurar cualquier opción que favorezca por razones ajenas a la a la aplicación de los códigos que los señalados resulten siendo beneficiados.

Creeríamos que es urgente la asignación de partidas presupuestales adicionales para emprender las medidas que faciliten darle urgente trámite a esos procesos y que se solucione en buena parte ese inconveniente hacia futuro.

Porque las medidas que se adopten no deben circunscribirse a ese número en específico sino que conlleven a  una real descongestión de las tareas que desarrollan los jueces y fiscales en territorio nortesantandereano.

Si para ello es indispensable más personal, pues hay que vincularlo,  porque la región no puede quedarse de manos cruzadas viendo como ante la inocultable ocurrencia de sucesos judiciales los trámite crecen y crecen sin que desde el otro lado de la balanza se produzca una reacción tendiente a encontrarle salidas efectivas.

Hay que exigirle el concurso de la bancada de congresistas del departamento para que ayuden a gestionar ante el alto gobierno, al tenerse presente que al sistema judicial le podrían recortar $74.000 millones.

Para despejar esos nubarrones es  indispensable plantearle al propio presidente Gustavo Petro y al ministerio de Hacienda que se detengan a mirar lo que está sucediendo con la operación de la justicia en esta región del país y entiendan  la gravedad del problema.

Lo peor de todo es que  esta crisis estructural de la justicia en la región tiene otro elemento adicional en contra como es el de la dificultad para el lograr el acceso a la evidencia por la falta de colaboración de la misma comunidad.

Al estar en una región muy diferente a la mayoría del país, por tener un conflicto armado permanente en el Catatumbo y encontrarse en la frontera con Venezuela y sus organizaciones del crimen transnacional, la administración de justicia  requiere ser fortalecida desde todos los puntos de vista para que, por ejemplo, se logren mayores niveles de esclarecimiento de homicidios cuya tasa de ocurrencia sigue siendo muy alta en el área metropolitana.

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