Lo vivido en la audiencia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo lugar en Ocaña por un hecho concreto dentro del doloroso capítulo de los falsos positivos, deja múltiples situaciones sobre el escenario.

Este acto de justicia restaurativa  nos deja como recuerdo que en El Carmen se registraron 17 víctimas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como dadas de baja en combates que nunca ocurrieron, en el periodo 2007-2008.

También, esta situación indica que Norte de Santander no solamente fue un territorio utilizado para traer a personas de otras parte del país que finalmente perdían la vida a manos de militares, presentadas ilegítimamente por el Estado como bajas en supuestos enfrentamientos armados con la guerrilla. 

No solamente llegaban de Soacha, sino que también aquí muchos habitantes de la región cayeron en esas acciones que, hoy, de acuerdo con la JEP, han pasado de 6.402 a 7.837 víctimas en el país.

En total, 40 exmiembros de la Fuerza Pública que hicieron parte de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército, reconocieron esos asesinatos, hecho que empieza a construir la verdad plena en torno a ese fatídico episodio. 

Resulta indispensable que los familiares tengan conocimiento sobre la razón por la cual sus deudos fueron escogidos, dentro del planeamiento de esa clase de operaciones ilegales en las cuales ellos terminaron siendo asesinados.

“Estamos aquí para que las víctimas escuchen la verdad, para que haya reconocimiento y para construir la paz que tanto necesita esta región”, fueron las palabras del alto consejero para la Paz y la Reconciliación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño López.

Esa afirmación es coincidente con la esperanza que aguarda Norte de Santander en el sentido de que esos episodios violentos del pasado vayan siendo cerrados con las respectivas garantías para los afectados y que -paralelamente- se abran opciones reales para la paz.

Es que no podemos seguir en ese círculo vicioso de violencia lacerante, que lleva a generar situaciones como la expuesta por Niño: “mientras las víctimas venían aquí a declarar, hubo combates en la carretera del Carmen a Ocaña y eso es lo que estamos diciendo. Es decir, este conflicto no ha parado, esto sigue sucediendo”.

Continuar en medio de este padecimiento no es la opción, y en cambio el gobierno debería de atender lo planteado por el magistrado de la JEP, Pedro Elías Díaz Romero, para que el Estado mantenga la presencia institucional en la región, visibilizar la crisis humanitaria y garantizar el acompañamiento a las comunidades mediante espacios de verdad, reparación y no repetición.

Se encuentra el departamento con hechos que aunque ocurrieron hace ya 18 años  todavía siguen en trámite de resolución y, al mismo tiempo, la violencia persiste, pero en otra clase de circunstancias y con un alto grado de degradación y de acrecentamiento de la crisis humanitaria.

Persistir en ese panorama no es la opción. Norte de Santander al igual que el país necesitan salir de esa encrucijada que afecta la vida, la economía, el desarrollo y las posibilidades de construir un futuro lejos del conflicto armado que no quiere irse.

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