Los drones cargados con explosivos que operan como bombas voladoras para atacar a la Fuerza Pública, a combatientes enemigos y a la población civil como ocurre en el Catatumbo hay que caracterizarlos como armas prohibidas.

Eso hay que hacerlo precisamente ahora que se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización sobre las Minas Antipersona, puesto que son una amenaza de similares características.

Al llegar a esta fecha resurge el fresco recuerdo de aquellas fotos de portones y paredes con letreros de riesgo por explosivos en el sector de Versalles, en territorio catatumbero, donde por la guerra del Eln y la disidencia de las Farc numerosas casas fueron minadas, al igual que ocurre en muchos senderos para la movilización de los campesinos y lugares aledaños a las escuelas.

El escenario de alta peligrosidad surgido de esas trampas explosivas les confirma a los colombianos y a la comunidad internacional que esas organizaciones armadas ilegales que ahora tienen como ideal las economías del narcotráfico no tienen ninguna voluntad de paz.

Esa modalidad de ataque sorpresa contra los contendores pero que termina afectando a la población, aunque es violatoria del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, persiste en seguir siendo usada en conflictos armados como el nuestro sin que nada les pase a los agresores.

Sin embargo, desde la aprobación en 1997 de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersona, 164 países la han ratificado o se han adherido a la misma.

¿Por qué la población civil tiene que seguir poniendo las víctimas mientras los victimarios no son alcanzados por la mano de la ley?

Esa es una pregunta que queda ahí mientras, por ejemplo, nos encontramos con que Norte de Santander figura en el cuarto lugar de departamentos más afectados por este explosivo problema en cuanto al número de personas afectadas, junto con Antioquia, Nariño, Meta y Caquetá.

La Oficina del consejero comisionado para la Paz reporta que Colombia figura entre los países con mayor número de afectados por minas antipersona y la clasificación de las víctimas refleja la intensidad del conflicto armado: casi seis de cada diez corresponden a miembros de la Fuerza Pública, mientras que los cuatro restantes son civiles.

Como lo reconoce dicha institución, esta problemática se encuentra muy lejos de desaparecer y es así que en 2025 el número de incidentes de este tipo ronda los 136 casos, mientras que hasta el 28 de febrero de este año el número de personas perjudicadas asciende a catorce.

Una de las alertas de la Acción Integral contra Minas Antipersonal es la alta letalidad de estos accidentes: entre las víctimas de minas antipersonal, una de cada cinco fallece; en el caso de la munición sin explotar, la cifra se eleva a uno de cada cuatro.

Lo único cierto aquí es que la situación es tan delicada en nuestro país, que en uno de sus mensajes sobre este día internacional contra los campos minados, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, notifica lo siguiente: “esas armas no desaparecen cuando cesan los combates, sino que yacen ocultas en los campos de Colombia, de Etiopía, del Líbano y de Myanmar, entre los escombros de Gaza, y en comunidades de toda Siria”.

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