Que la Fiscalía General de la Nación anuncie que investigará hechos de violencia como los generados por la campaña política en Cúcuta y en Popayán no debería ser noticia en los medios de comunicación. Es lo que ese organismo tiene que hacer, pero muchas veces no hace.

Por eso llama la atención de los medios, porque la Fiscalía dijo que esta vez sí investigará la violencia partidista, y porque, aunque no lo prometió, es de esperar que vaya hasta las últimas consecuencias, pero, en especial, que llegue hasta las reales causas.

Porque los hechos de Cúcuta, por ejemplo, no fueron espontáneos, sino que tienen fundamento en hechos múltiples veces denunciados y a los cuales la fiscalía no les ha prestado la más mínima atención.

Ante esta elusión de su responsabilidad, los líderes de organizaciones como el petrismo, y de otras como la Coalición por el Norte, se exasperan, pues todas las denuncias que han hecho, que también son de otros sectores, quedan en nada. Simplemente hay un silencio total que lleva, claro, a que se interprete como algo parecido a la complicidad.

Está muy bien que se esclarezca lo sucedido en Cúcuta contra el petrismo, y en Popayán, contra el senador Álvaro Uribe Vélez.

Pero será mejor si, por ejemplo, con investigaciones que terminen en algo se demuestra que no hay ni tolerancia ni desconocimiento, ni menos connivencia de los órganos de control, con la manera como se ha denunciado que se manejan muchos asuntos oficiales, según se dice, aún desde las cárceles. Ese asunto es el que debe quedar claro de una vez por todas.

Alguna vez, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, dijo en discurso que no se ha olvidado, que “quien hace imposible la revolución pacífica hace inevitable la revolución violenta”. Y de esta verdad sí que sabe Colombia.

Pues, bien. Démosles valor local a esas palabras: si no se investiga lo que algunos sectores políticos dicen que sucede en La Picota y la manera como desde allá se controla la política nortesantandereana, se hacen inevitables episodios como los del centro de Cúcuta, en especial cuando la provocación viene directamente de las autoridades locales, al impedir algo que era y es legal.

La paz no es el silencio de los fusiles, es la inexistencia de causa que la altere. Y esto es válido para el caso. Si no se clarifican, más allá de toda duda, estas denuncias, seguirá existiendo un grave factor de desestabilización no solo partidista, sino política en general, en una sociedad tan afectada y avasallada por la corrupción y los corruptos aferrados al poder burocrático.

Los órganos de control, todos, y con toda transparencia, deben hacer suyas las denuncias de inmediato, porque, por su inacción, están permitiendo que haga carrera el criterio de que si el río suena es porque piedras lleva.

¿Cuál es la razón para no investigar?