Margarita Contreras, directora ejecutiva de Camacol Cúcuta y Nororiente, ha puesto el dedo en la llaga sobre el desorden urbanístico que se registra en numerosos sectores de Cúcuta, al indicar que es fundamental el control urbano permanente y una pedagogía adecuada para que la gente tome conciencia sobre lo que significa construir ciudad de calidad.
Un informe publicado en la edición dominical de La Opinión dio a conocer que en lo corrido del presente año se han descubierto 150 infracciones urbanísticas, que incluyen construcciones sin licencias o la violación de los permisos haciendo más de lo autorizado por las autoridades.
Andenes inexistentes, bien sea porque los ocuparon con recientes reformas de viviendas o que nunca han estado como espacio indispensable para el peatón, como ocurre en barrios como La Cabrera, La Victoria, El Contento y El Páramo, en donde el transeúnte se disputa la calle con los vehículos.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de acuerdo con lo descubierto, es constantemente irrespetado, pese a que se le considera como la hoja de ruta que marca el camino. Los datos de Planeación Municipal señalan que del total de hechos anómalos al construir o remodelar, el 30% es por ir en contravía del POT cucuteño.
Y por lo dicho desde Camacol, la pedagogía vuelve a ser puesta como la base central para que en la ciudad se enderece el rumbo y la ciudadanía caiga en cuenta y vuelva una costumbre la aplicación de las normas, porque es muy diciente lo denunciado por el propio gobierno municipal, que del total de las irregularidades detectadas, el 65% corresponda a la demolición, ampliación o adecuación sin la respectiva licencia de construcción.
La lectura que de ahí se desprende es que para esos infractores Cúcuta es una tierra sin Dios ni Ley en materia urbanística, y que al igual que en otros aspectos de la vida cotidiana, aquí se pueda hacer de todo sin que nada haya que acatar ni respetar ni que nadie se oponga.
Los casos detectados llaman a la reflexión de que es urgente una alianza entre las autoridades y organizaciones como Camacol y la academia, para lanzarse a difundir por la ciudad las mínimas normas que los propietarios de predios deben cumplir cuando en se dispongan a hacer algún tipo de obra, por sencilla que esta sea, pues no puede seguir sucediendo que aparezcan escaleras en los senderos para peatones, o que pidan una licencia para levantar dos pisos y resulten haciendo cuatro o más.
La oportunidad de que las aberraciones detectadas y otras que intenten aparecer queden sepultadas para siempre, es activar y consolidar esa labor mancomunada entre la administración municipal y el sector privado, en este frente, es la consolidación de una política de planeación a largo plazo que vaya más allá de los períodos constitucionales de los alcaldes, que permita que en Cúcuta el desarrollo urbano vaya de la mano del paisaje y del espacio público y no que equivalga al aniquilamiento de estos últimos, en detrimento de la calidad de vida del ciudadano.
