En el mundo ideal, la justicia debería administrarse y aplicarse sin ningún tipo de favorecimiento, exceso o presión, alejada incluso de uno de los males que tiene el deber de juzgar y condenar, como es el de la corrupción. ¡Qué bueno que eso fuera así!
Sin embargo, en el mundo que nos ha tocado vivir en Colombia sucede todo lo contrario y hasta en la justicia se montaron organizaciones muy parecidas a las que dicho poder público tiene la función constitucional de llevar al banquillo, al conformarse el vergonzoso ‘Cartel de la toga’.
Ahí se amañaban, acomodaban, cuadraban y orquestaban toda suerte de acciones para alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos en la Corte Suprema de Justicia, usando para ello información privilegiada del máximo tribunal.
Y mientras en otras partes o aquí mismo -porque no todos están cortados por la misma tijera- un expresidente de la Corte es considerado como una eminencia para llegar a la academia y convertirse en referente de quienes inician su recorrido por la profesión del Derecho, dicho escándalo desdibujó y rompió esa tradición.
Hoy, el expresidente de la Corte, Francisco Javier Ricaurte Gómez, carga a cuestas un expediente en su contra por concierto para delinquir agravado; cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.
Por esos hechos ya tiene prácticamente que asegurado un cupo en alguna de las cárceles del país, porque no escapará de una sentencia que debe de ser ejemplar, puesto que hechos como estos no pueden permitirse que queden en la impunidad ni ser castigados livianamente ni mucho menos ser objeto de favorecimiento alguno.
Hay que ser ejemplarizantes para enderezar el camino y cerrarle toda posibilidad de repetición a situaciones tan delicadas como las que se descubrieron en este escándalo que se destapó en 2017, y en el que también están involucrados los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.
La única manera de que empiece la recuperación de la credibilidad de los colombianos en su administración de justicia, es que los integrantes del ‘Cartel de la toga’ paguen, con todas sus consecuencias, la utilización de sus posiciones de privilegio dentro de la rama judicial para torcer los códigos, en una maniobra de filigrana delincuencial.
Y ojo, que la justicia en el país no puede darse el lujo -por su paquidérmico andar- que uno de los más importantes involucrados en esta trama corrupta pueda intentar alguna acción para evadirla.
Lo que pasa es que aunque los titulares y las noticias en los medios dejaron la sensación de que ya el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez estaba detenido, la verdad es otra.
“El doctor Ricaurte acudió a entregarse, pero no lo recibieron porque supuestamente no está lista la orden de captura inmediata”, según lo expuesto por su abogado Juan Sebastián Fajardo. Sin embargo, horas después se solucionó el entuerto y fue capturado.
De todas maneras, esas son las situaciones extrañas que nadie entiende y que deben corregirse, puesto que el país necesita con urgencia que el poder judicial se recomponga y quienes han ensuciado su imagen sean purgados, con el fin de que no sean necesarias más históricas condenas, sino, ojalá, la ejemplarizante acción de que la justicia se aplicará para todos midiéndolos con el mismo rasero, como debe ser.
