A siete meses del estallido de la guerra del Eln por el control territorial, político, económico y social del Catatumbo contra la disidencia de las Farc aparecen hechos de que este capítulo dantesco sigue marcando una huella criminal en el conflicto armado, al tener ahora como protagonista a la frontera venezolana.
Que el Eln haya trasladado hacia Venezuela a militares colombianos secuestrados en Norte de Santander y Arauca es la reiteración palpable de que hay muy poco Estado y sí una cada vez más poderosa presencia de grupos armados ilegales en los 2219 kilómetros de extensión del límite territorial colombo-venezolano.
A los 146 asesinatos, entre ellos los de 11 soldados y 8 policías, se suma la operación corroborada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de usar suelo venezolano no solo como retaguardia sino para lanzar ataques y esconder secuestrados por parte del Ejército de Liberación Nacional.
Esa es la ratificación de que el Eln es un grupo armado organizado de carácter binacional y del multicrimen aliado con el Cartel de Los Soles (señalado como grupo terrorista por Estados Unidos) y con fuerte presencia en Táchira, Apure, Zulia, Amazonas y otros estados venezolanos.
Frente a este hecho que reitera la convivencia y poca o nula operatividad de las fuerzas de seguridad del vecino país contra la criminalidad colombiana con fuerte presencia e influencia allí, surgen varios interrogantes para el mindefensa y el presidente Gustavo Petro.
¿Ya se hizo contacto con la Guardia Bolivariana y el Ministerio de Defensa venezolano para pedirles que ayuden a rescatar a los uniformados? ¿Ya enviaron la respectiva comunicación a la Cancillería venezolana expresando la preocupación porque se permita que en áreas de su país se mantengan secuestrados no haya acciones contra ello? ¿Ya llamó el presidente Petro a Maduro para exigirle que no haya permisividad con el Eln y disidentes de las Farc como por ejemplo la Segunda Marquetalia?
Lo anterior sería lo mínimo que un Estado y un gobierno preocupado por sus compatriotas y militares harían para procurar que retornen sanos y salvos a casa.
Pero también debería ser el momento de exigir y reclamarle al régimen chavista que acabe el santuario criminal en que ha convertido grandes áreas de la frontera desde las cuales genera violencia e inseguridad en Colombia.
Y hay muchos ejemplos de la frontera como escondite criminal. Veamos no más que en Casigua El Cubo (estado Zulia Venezuela), al otro lado de Tibú, el amo y señor es el Eln, que incluso hasta impone las leyes.
Ahora, el propio presidente Petro acaba de admitir que el conflicto del Eln con la Segunda Marquetalia de la disidencia de las Farc se ha extendido hasta el interior de Venezuela, hecho que ojalá lo haga recapacitar y le exija a Maduro que no permita la presencia de campamentos de ilegales combatientes armados en su país.
Ese enfrentamiento entre las dos organizaciones colombianas, ocasionado por la muerte violenta de alias Zarco Aldiniver, ha tenido como escenarios a Apure y Amazonas, en el vecino país.
Esta peligrosa y volátil particular situación hay que proceder a conjurarla con inteligencia militar, fuerzas especiales y patrullajes permanentes en este lado de la línea, porque ya estamos viendo lo riesgoso que es dejarla que se profundice y crezca, como le ha pasado al Catatumbo que en esa guerra del grupo binacional Eln se ocasionó la peor crisis humanitaria de los últimos tiempos.
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