Caño Indio, en Tibú, fue el lugar seleccionado como el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación del Catatumbo, luego de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, y en donde muchos de ellos decidieron asentarse luego de dejar las armas y retornar a la vida civil.
Todo no ha sido color de rosa por hechos relacionados con la inseguridad que se hicieron más riesgosos desde que empezaron los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia del 33 frente, aparte de los inconvenientes con la insuficiencia de tierra para el desarrollo de los proyectos productivos de los excombatientes que se acogieron a lo pactado.
Esta subregión nortesantandereana, como microcosmos que aglutina los diversos componentes derivados de la guerra y la paz, ahora le está señalando al Estado que debe hacer los ajustes necesarios para que quienes decidieron apostarle a la reconciliación tengan la oportunidad de lograr los objetivos trazados.
Garantizar la seguridad de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz es un deber constitucional y legal de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, así como de aquellas instancias creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz.
Un hecho que llama la atención, es que la propia Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ordenó trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas Farc-EP por estar en riesgo en el Catatumbo por las acciones desatadas por el Ejército de Liberación Nacional, Cuando emitió esa declaración, entre el 15 y el 22 de enero habían sido asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.
“La muerte de un firmante es una pérdida irreparable que priva a Colombia de verdad, reparación y memoria. Les debemos protección, humanidad y escucha”, es la consideración que planteó la magistrada Ximena Balanta, de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP para hablar de esos y otras acciones en contra de esta población.
En Colombia, el balance de hechos violentos en contra de ellos nos muestra a 436 firmantes asesinados desde la firma del acuerdo, mientras que otros 104 han sido víctimas de tentativa de homicidio, 58 fueron desaparecidos forzosamente y 865 han recibido amenazas.
En medio de ese ambiente conflictivo nacional y regional que muestra las complejidades, las estigmatizaciones y las acciones de persecución en su contra como la declarada por el Eln que persiste en señalar a algunos de los firmantes de continuar en acciones al margen de la ley.
Ojalá, en el caso de Norte de Santander, pueda trasladarse el ETCR de Caño Indio hacia otro lugar en donde tengan tierra propia y suficiente para sus procesos productivos y que los niveles de riesgo en materia de inseguridad sean menores para los firmantes de paz, como lo ha planteado Alejandra Miller, directora nacional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Todos esos inconvenientes hay que ir solucionándolos porque por ejemplo en este solo episodio de la guerra del Catatumbo ya se cuentan seis firmantes de paz asesinados y otros seis desaparecidos.
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