No era necesario que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijera que “como vamos, el narcotráfico nos va a expropiar la paz”. Todos los colombianos siempre lo hemos sabido, y temido, que no solo el narcotráfico acabe con el sueño de un país sin guerra. Demás está decir que la corrupción y que la actividad de algunos partidos y movimientos políticos están encaminados hacia cerrarle todas las opciones a la paz.
Quizás el fiscal establece una relación irreal, cuando sostiene que no se cumplirá la meta de erradicar 100 mil hectáreas de coca este año —50 mil de ellas por sustitución—, y que por esa razón todo el proceso de paz corre el riesgo de fracasar. Tal vez, si Martínez se decidiera a ser más preciso, más centrado en sus análisis y menos tímido al dispensar culpas, estaría coincidiendo con el criterio de la mayoría de los colombianos.
Es muy probable que la meta de coca erradicada no se alcance. Pero la razón de ese objetivo incumplido es, a su vez, la causa de que todo el proceso de paz esté en vilo. Porque una cosa es que las cifras no concuerden con las expectativas, pero, otra, más grave, es que, al menos en lo relativo a la sustitución voluntaria, esas expectativas se frustren por físico y puro incumplimiento del Estado con los campesinos cocaleros.
Porque el Estado no está cumpliendo, y en el campo —lo decimos por el Catatumbo—, los cultivadores, y hay señales de ellos, están pensando no solo en reactivar el cultivo de la coca, sino en ampliarlo para compensar eventuales pérdidas de su economía que prevén van a tener con el incumplimiento oficial.
Y, con los cocales reverdeciendo, la guerra volverá con más violencia que antes: al fin y al cabo, con las guerrillas había un cierto encausamiento del negocio, que ahora se está deslizando hacia otros sectores no menos poderosos, pero tal vez mucho más violentos, que tienen en el dinero, no el eventual fin social, sino la única filosofía de su negocio repudiable.
El fiscal, como veterano jurista, sabe que no se expropia lo que se entrega a voluntad, y si lo que está ocurriendo con el incumplimiento oficial de las promesas no es voluntario, se parece mucho: se está dejando a la deriva la única posibilidad que hay de que millares de campesinos reencaucen sus pasos, se está permitiendo que el narcotráfico contribuya a que el proceso de paz se hunda, mientras el incumplimiento del Estado pone el resto. Así, no habría expropiación sino cesión…
Las zonas cocaleras existen porque allí jamás ha habido Estado ni para garantizarles a los campesinos sus derechos y satisfacerles sus necesidades, ni para controlar la economía, que se desvía siempre por las trochas, donde nadie vigila.
Y, salvo la acción voluntaria de los cocaleros que han arrancado la coca, en espera de que el Estado les corresponda, nada más se ha hecho en relación con el proceso de paz.
Es tan difícil la situación en el Catatumbo, que hasta los excombatientes de las Farc se han ido: de Caño Indio, donde estaban concentrados, se fue ya el 70 por ciento de ellos, en busca de otras oportunidades.
¿Cuáles? Hummm.
