En esa oportunidad, la denuncia de La Opinión solo generó sonrisas entre la poderosa picaresca criolla. Nada más. Ni siquiera un anuncio de investigación de los organismos de control, las llamadas ías (contraloría, procuraduría, fiscalía), bellas durmientes del eterno cuento del Estado devorado por la corrupción.
Atrasado con la vía de acceso al nuevo Gramalote, el Consorcio Miraflores no tuvo inconveniente alguno en solicitar la licencia ambiental con estudios que la firma había hecho en Casanare y Arauca, y otros correspondientes al Chocó.
Algún funcionario juicioso de Corponor descubrió el embuchado, y la licencia ambiental no fue posible. Sin siquiera ofrecer disculpas, recompusieron el estudio, lo presentaron de nuevo, y Corponor entregó la licencia para la carretera.
Un estudio de la Universidad Nacional (UN) trajo a la memoria el caso de esta vía. La UN expone una grave realidad: ‘Decisiones sobre riesgos ambientales en manos de unos pocos expertos contratados por las mismas empresas interesadas en su viabilidad, e incertidumbre sobre las condiciones ambientales, son dos de las posibles causas de los accidentes en Hidroituango, Chirajara y el pozo Lizama”.
Significaría que en todos los contratos de obras del Estado, el medioambiente es considerado como objeto de trato obligatorio, pero secundario, por las dos partes: el Estado, que quizás se entera de que los estudios de riesgos ambientales no son lo que debieran ser, y calla, y los contratistas, que salen del paso con estudios que, como se estila en la contratación pública, se elaboran como un traje: a la medida.
Según la UN, el estudio Toma de decisiones por grandes organizaciones en condiciones de incertidumbre: estudio de las grandes hidroeléctricas en Colombia 2010-2020, ‘la toma de decisiones basada en expertos utilizada por las promotoras de megaproyectos desconoce la gran incertidumbre que hay sobre el medioambiente y los impactos de su intervención en el mediano y largo plazo’.
‘Este modelo de toma de decisiones consiste en que las promotoras —generalmente constructoras o financiadoras de las grandes obras— delegan en un reducido grupo de expertos (máximo 10) la responsabilidad de calcular los riesgos ambientales’, argumenta la UN. ‘Para ejecutar los megaproyectos, las promotoras requieren de una licencia soportada en estudios de impacto ambiental. Entonces, las grandes compañías del país declaran sus estudios como «previsibles», y para ello plantean escenarios en los que su capacidad de respuesta resuelve el reto ambiental que enfrentan. Sin embargo los hechos han venido mostrando todo lo contrario, porque el elemento común de los desastres en los megaproyectos mencionados ha sido justamente su «imprevisibilidad» y dificultad para reaccionar’.
Con esos estudios, las empresas convencen de que son capaces de responder a cualquier situación ambiental. Pero, dice la universidad, esta visión adoptada en general por las promotoras en Colombia —y presentada como el resultado de estudios ambientales multidisciplinarios que cuentan con medidas “claras” de compensación ambiental— no conduce a los resultados esperados y es la sociedad la que queda expuesta a estos desatinos.
Y, entonces, los proyectos terminan en tragedias de catástrofe que pudieron evitarse con rigor y seriedad en los estudios, y pérdidas económicas inmedibles, sin contar las consecuencias para el medioambiente, que termina como culpable final.
