Mayúscula es la deuda que en materia de seguridad del Gobierno nacional con Norte de Santander, que tiene entre otras una marca que se volvió indeleble en el calendario como es la guerra del Catatumbo.

Precisamente, el 16 de abril acaban de cumplirse 15 meses desde que estallaron los enfrentamientos entre combatientes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de la disidencia de las Farc.

Lo peor es que todo sigue igual en cuanto al fragor de ese conflicto que ha ido en crecimiento tanto en efectos como en el poderío y degradación de los métodos y armas utilizadas.

Sin duda nos encontramos ante una operación de largo aliento por parte  de esas estructuras criminales en su interés de apoderarse de esta importante subregión nortesantandereana.

Es notorio el hecho de que tanto el Eln como la disidencia están en búsqueda de convertirse en amos y señores de este estratégico punto de Norte de Santander, para lo cual están cada vez más escalando las acciones para intentar derrotar y uno de ellos asumir los controles territoriales, sociales, políticos y de las economías ilegales  del negocio del narcotráfico.  

Los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario  se encuentran entre las víctimas de esta guerra, puesto que los contendientes no los respetan y violan por igual todas las normas consignadas en ambos documentos. ¿Qué protección les presta el Estado?

Para los habitantes de los municipios catatumberos las condiciones de convivencia están absolutamente deterioradas. El territorio se está volviendo agreste y peligroso, por ejemplo, a causa de los campos minados y de los zumbidos mortales de los drones cargados con explosivos.

El camino a la escuela o entre las parcelas son inseguros porque los enemigos de la paz los transformaron en senderos de la muerte para los civiles desarmados que sufren por una confrontación en la cual están en la mitad y son mirados como potenciales enemigos por los bandos en contienda. ¿Qué respuesta tiene para esto el Gobierno nacional?

Las libertades personales han saltado por los aires. Hay denuncias de que los combatientes que convirtieron al Catatumbo en zona de batalla, ahora hay secuestros que deben ser pagados en dólares. ¿Qué están haciendo las autoridades para intentar frenar esta clase de plagios extorsivos en moneda extranjera?

Y algo igualmente demencial, por un lado, y que demuestra un inusual poderío tecnológico, es la retención ilegal que cometen esos grupos con fines de detectar si entre los pobladores hay infiltrados o auxiliadores del bando enemigo, para lo cual hasta escanean  y someten a barrido especializado los teléfonos celulares. ¿Y para frenar esto qué acciones emprenden las autoridades?

La enumeración de toda esa clase de denigrantes hechos, todos muy cercanos al terrorismo. Que sumada a los homicidios, desplazamientos, el reclutamiento forzado, el confinamiento y las desapariciones, conducen a dibujar un conflictivo escenario en un Catatumbo donde apenas se sobrevive.

Nuestro Catatumbo no lo podemos perder. El Catatumbo no es guerra. El Catatumbo es paz y es vida. Ya es suficiente el daño, la sangre derramada y el dolor provocado por quienes solo se expresan a través de las balas y de las bombas.

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