Al hacer una revisión de acontecimientos nos encontramos con la  desagradable sorpresa de que Norte de Santander está apareciendo señalado en diversos documentos, estudios y análisis por su inventario de situaciones adversas en materia de seguridad y orden público.

La última mala nueva -por lo reciente- es que Estados Unidos alertó a sus ciudadanos para que no visiten al departamento por riesgos de delincuencia y terrorismo.

Por si fuera poco, el Departamento de Estado de ese país indica que es altamente riesgoso estar en un radio de diez kilómetros de la frontera colombo-venezolana por peligros de secuestro, conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención.

Hacer parte de esa  clase de alertas conduce a un deterioro de la imagen de la región en el concierto internacional y nacional.

Lógicamente, aquí no podemos quedarnos solamente en las formas, sino en ir a la raíz de lo que ha provocado que Norte de Santander siempre aparezca como un paciente al que lo atacan todos los males.

Y claro, ahí están las bandas del crimen transnacional, organizaciones como el Eln y la disidencia de las Farc, los nuevos grupos derivados de los paramilitares, el narcotráfico y el microtráfico, con su carga de delitos que generan.

Nada ha mejorado. Y los diagnósticos ya tienen que pasar a ser reemplazados por planes, estrategias y decisiones que realmente le  empiecen a devolver la confianza ciudadana en su seguridad.

Eso no se ha logrado. La criminalidad persiste. En el Catatumbo sigue retumbando la guerra y en el área metropolitana de Cúcuta los homicidios mediante ataques sicariales no cesan.

Por tal razón habrá que introducir el elemento de una real presencia institucional del Estado.

Eso significa que a los necesarios ajustes que se hagan a las operaciones de las unidades militares y policiales en el terreno, la mano estatal aparezca paralelamente para ayudar a enfrentar las necesidades básicas insatisfechas y los factores como extrema pobreza y desempleo que se convierten en caldo de cultivo para la criminalidad.

Muy bien lo expuso el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, cuando en su análisis de una de las Siete Palabras dijo en La Opinión:

“El tema de la seguridad hoy en día no tiene que ver más con Fuerza Pública ni más militares ni más policías.  Tiene que ver con alternativas importantes de apoyo a la comunidad, proyectos en vivienda, educación, salud, vías”.

Entonces, eso hay que hacerlo para que de esa forma unas Fuerzas Militares bien dotadas tanto tecnológicamente y en inteligencia enfrenten esa reconfiguración de los bandos enemigos de la paz y la tranquilidad, mientras que los organismos estatales lleven la inversión gubernamental a las zonas con problemas que han envejecido mal.

Esa combinación y complementariedad puede llegar a ser una forma de evitar que los grupos armados empeñados en el negocio de la cocaína, las bandas del multicrimen y la delincuencia instrumentalicen a sectores de la población aprovechándose de sus dificultades socio-económicas.

El estar permanente impactado por el conflicto y la inseguridad al final del día lo que provoca es un severo daño para tratar de avanzar hacia la industrialización, la inversión productiva, romper la informalidad, elevar el empleo,  mejorar el Producto Interno Bruto y lograr mayores niveles de competitividad.

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