Al lado de Pakistán, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, Siria, Somalia, República Democrática del Congo e Israel, Colombia ocupa el noveno lugar entre las diez naciones más afectadas por el terrorismo.
¿El gobierno del presidente Gustavo Petro seguirá insistiendo en que el diálogo será una opción para la disidencia de las Farc y el Eln?, que el informe reseña como los principales autores de esa realidad violenta que sacude al país.
¿Será que los miembros de los disidentes farianos, con 283 ataques y 125 homicidios, y los elenos que sumaron 150 incursiones y 88 asesinatos, según el estudio del Instituto para la Economía y la Paz, tienen alguna voluntad de querer la paz?
Lo ocurrido en el Catatumbo, a partir de mediados de enero del año pasado, es el mejor botón de prueba sobre las operaciones de terrorismo no solo contra la Fuerza Pública, sino de sus violentos hostigamientos a la población civil, en su guerra por controlar el territorio y apoderarse del negocio del narcotráfico.
Situaciones como las documentadas por Terrorism Index 2026, más la presencia de numerosas ciudades colombianas en el listado de las 50 más violentas del mundo, entre ellas Cúcuta, nos demuestran que lastimosamente era obvio que volviéramos a estar en ese deshonroso top-10 del terrorismo internacional.
Pero más allá de rasgarnos las vestiduras o quedarnos en la crítica, se necesita la contundente acción gubernamental y el reclamo ciudadano de que el Estado no se quede de brazos cruzados.
Entre otras cosas, porque ya Colombia es un país donde las estructuras armadas no estatales entraron en la era de las aeronaves no tripuladas para sus ataques con explosivos o hacer inteligencia y hostigar a los civiles.
El análisis trae la observación de algo que los catatumberos son testigos dentro de esa peligrosa transformación del conflicto armado. Señala que la disidencia de las Farc y el Eln “han adoptado el uso de drones, inspirados directamente en las innovaciones vistas en el campo de batalla en Ucrania”.
Además, el análisis hace una referencia tácita de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, al comentar que “las regiones fronterizas representan vacíos de autoridad donde el control estatal es más débil”, como en este caso la venezolana. Ese no es ningún secreto y desde hace mucho tiempo se ha venido advirtiendo del crimen transnacional y los grupos armados en la línea limítrofe.
Estar en semejante posición como el único país de América Latina en el índice global de terrorismo nos pone como un país de alto riesgo para el vecindario, mientras que para el caso de esta zona fronteriza colombo-venezolana se ratifica su alta vulnerabilidad frente a la inseguridad.
Deberán tener muy presente este análisis sobre el poder del terrorismo en Colombia los catorce aspirantes a la Presidencia de la República para que sean conscientes de que las muertes por terrorismo aumentaron 70% y los ataques crecieron cerca de 47%, de acuerdo con ese análisis que pone en entredicho la efectividad de los planes de seguridad y deja mal parada la política de ‘Paz Total’, al señalar que no contribuyó a desescalar la violencia.
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