Colombia sigue siendo el eje mundial de la cocaína, deshonroso título que nos puede conducir hacia la descertificación de la política de lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos, con grave incidencias para el país.
Así se desprende del demoledor informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) correspondiente a 2023 -que aunque no le gustó al Gobierno nacional -deja entrever que al igual que en la política de seguridad y de orden público, en el frente de la contención del crecimiento de los cultivos de uso ilícito y combate del narcotráfico también hay un franco retroceso.
Aparece en dicho análisis que los cultivos de hoja de coca en el mundo se distribuyen en 367.000 hectáreas, de las cuales el 67%, es decir, 253.000 hectáreas están focalizadas en territorio colombiano, seguido de Perú con el 25% y Bolivia con el 8%.
Y, obviamente, lo anterior condujo a que la producción mundial del alcaloide haya tenido un crecimiento del 34%, que también tuvo como acelerador a Colombia, que sigue siendo el principal productor, con un aumento del 50% en la elaboración de cocaína.
Al país lo ronda la preocupación de que caigamos en lo mismo que ocurrió durante el mandato del expresidente Ernesto Samper Pizano, en los años 1990, cuando la administración de Bill Clinton rajó a Colombia por no cooperar eficazmente en combatir a las mafias de las drogas ilícitas.
O sea, esta involución de 30 años, ya no puede taparse con un dedo, puesto que un organismo internacional especializado nos vino a ratificar el temor que ya se tenía, que estamos muy mal parados en el ámbito internacional en el campo de la cocaína.
Precisamente, uno de los hechos que ocasionaron la guerra en el Catatumbo entre el Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc, en un territorio donde las estadísticas señalan que se encuentran cultivadas más de 43.000 hectáreas de hoja de coca.
Esta notificación consignada en el informe sobre las drogas, se produce justo cuando el Departamento de Estado de los EE. UU. procederá a preparar las consideraciones para determinar si mantiene la certificación a Colombia, se la despoja o adopta una decisión intermedia.
Sin embargo, lo ideal es que el Gobierno nacional actúe con mano firme ante un delito que se ha convertido en combustible del conflicto armado en Colombia, como lo es el narcotráfico que ha tenido gran responsabilidad en la violencia, la corrupción y el lavado de activos.
Con apego a los datos que fueron dados a conocer por ONUDOC, es indispensable que se revisen las medidas antimafia para que el país no siga apareciendo como uno de los principales factores que fortalecen el narcotráfico en el mundo, al ser uno de los que mayores cantidades de cocaína surte en el mercado de esa sustancia psicoactiva.
Eso no puede seguir pasando. Debemos quitarnos ese estigma internacional y la única manera de hacerlo es que el Estado colombiano utilice las más contundentes acciones contra todas las estructuras narcotraficantes.
Al país lo ronda la preocupación de que caigamos en lo mismo que ocurrió durante el mandato del expresidente Ernesto Samper Pizano, en los años 1990, cuando la administración de Bill Clinton rajó a Colombia por no cooperar eficazmente en combatir a las mafias de las drogas ilícitas.
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