Por primera vez en la historia constitucional de Colombia, el Ejecutivo abandona la Junta Directiva del emisor. Lo que viene no es solo una crisis institucional: es una señal de alarma para la economía.

Lo que ocurrió este martes no tiene precedente en los 34 años de vigencia de la Constitución del 91. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República antes de que concluyera, convocó una rueda de prensa paralela, anticipó la decisión del emisor —un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria— y, acto seguido, el presidente Gustavo Petro publicó en X que el Gobierno “se retira de la Junta” porque no será “partícipe de una posición de oposición suicida.”

Hay que detenerse en lo que eso significa.

La Junta Directiva del Banco de la República no es un gabinete del presidente. Es un órgano constitucional autónomo cuya independencia existe precisamente para que las decisiones de política monetaria no estén subordinadas a los ciclos electorales ni a los intereses fiscales del gobierno de turno. Esa arquitectura institucional no fue un capricho de los constituyentes del 91: fue la respuesta a décadas de inflación crónica, emisión sin respaldo y dominancia fiscal que empobrecieron a generaciones de colombianos.

La Junta decidió, por cuatro votos contra tres, subir la tasa a 11,25%. Dos directores votaron por reducirla en 50 puntos básicos. Uno por mantenerla. Es decir, hubo deliberación. Hubo disenso. Hay un punto de vista técnico debatible sobre si subir es lo correcto en este momento del ciclo económico colombiano. Ese debate es legítimo y necesario.

Lo que no es legítimo —ni operativamente sensato— es lo que hizo el Gobierno.

Anticipar la decisión de un banco central antes de que este la anuncie es una violación de los protocolos de confidencialidad que rigen la política monetaria en cualquier economía seria. Retirarse de la Junta es, en la práctica, crear un vacío de representación cuyas consecuencias operativas nadie ha explicado con claridad: ¿qué ocurre en las reuniones de abril, mayo, junio y julio? ¿Habrá quórum decisorio? ¿Pueden tomarse decisiones de política monetaria sin la presencia del ministro?

El ministro Ávila señaló que la Junta “representa los intereses del sector financiero” y que actúa guiada por encuestas de analistas, no por la economía real. Son afirmaciones graves que merecen evidencia, no retórica. En economías emergentes con historial inflacionario como el colombiano, la credibilidad del banco central es un activo que tarda décadas en construirse y puede destruirse en días. Cada punto porcentual que suba la prima de riesgo del país por incertidumbre institucional se traduce en crédito más caro, inversión frenada y empleo que no llega.

La pregunta que Colombia necesita hacerse hoy no es si la tasa debió subirse o bajarse. Esa es una discusión técnica. La pregunta es otra: ¿puede funcionar una economía cuando el Gobierno desconoce públicamente las decisiones de su banco central y abandona el escenario donde se toman?

La respuesta, en todos los casos documentados de historia económica comparada, es no.

Lo ocurrido este martes no es una crisis de política monetaria. Es una crisis de arquitectura institucional. Colombia construyó durante tres décadas un sistema de pesos y contrapesos para aislar las decisiones técnicas del ciclo político. Ese sistema no es perfecto, pero funciona. Fracturarlo —semanas antes de una primera vuelta presidencial, con el peso bajo presión y las calificadoras observando— no es una posición heterodoxa. Es una apuesta de alto riesgo cuyo costo, si se materializa, lo pagarán los colombianos de a pie, no los que tomaron la decisión.

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