No es más que un nuevo descubrimiento del agua tibia, pero al procurador Fernando Carrillo hay que calificarle, al menos con una carita feliz, su decisión de terminar al menos la primera plana de la tarea que se impuso.

Su conclusión es que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que entre 2013 y 2017 manejó 3,7 billones de pesos en todos los departamentos, es solo un mecanismo de enriquecimiento ilícito de cinco personas, o de quienes estén detrás de ellas, y nada más.

El PAE es una máquina de hacer dinero a ríos, que no deja de funcionar en la generación de riqueza ilícita para esas cinco mafias que, de acuerdo con Carrillo, se quedaron con 655 mil millones de pesos en los cinco años de contratación, en 80 por ciento de los casos decidida de manera directa por los alcaldes o mediante licitaciones de un solo proponente.

El PAE, y sobran razones para afirmarlo, es un plan que en realidad es una fuente de corrupción y de enriquecimiento ilícito de un puñado de particulares y funcionarios. Porque es absolutamente indispensable alguien que otorgue y firme los contratos.

Y sin corrupción no es posible que una de las firmas involucradas en varias investigaciones e inhabilitada para contratar, por el Icbf, —Vive Colombia— tenga a su cargo hoy 240 contratos por más de 142.000 millones de pesos en Boyacá y Cundinamarca.

Esas cinco personas y las empresas que representan, configuran lo que para el procurador es el cartel del PAE, sector de la contratación oficial particularmente proclive a ser manejado sin el menor escrúpulo, quizás porque sus beneficiarios, los niños, no están en capacidad de denunciar las irregularidades.

Ese club de los 5 lo integran Luisa Fernanda Flórez Rincón y su Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada; Germán Almanza Hernández y sus firmas: Convenio Interinstitucional de Asociación, Fundación Vive Colombia y Unión Temporal Nutrialianza; Ivis del Carmen Rosado Robles y Asoalimentarse; Noel Rodríguez Cubides y la Unión Temporal Maná, y Victoria Eugenia González y la Fundación Construyamos Colombia.

Varias de estas empresas están bajo investigación por contratos anteriores, todos relacionados con grandes sumas pagadas por alimentos que los niños jamás recibieron.

Norte de Santander no es ajeno al cartel del PAE. Incluso, hay funcionarios de Cúcuta presos, y otras investigaciones están abiertas, según el procurador.

Es necesario, sin embargo, hacer claridad en el sentido de que la denuncia del procurador sobre el quinteto de la alimentación escolar es resultado de que se investiga la conducta de los funcionarios que han tenido que ver con los contratos; el ente de control que debe establecer la ilegalidad de algunas de esas conductas es la Fiscalía, desde donde se acostumbra a enviar señales destinadas a amainar los rumores —mensajes para la galería—, en escándalos que en nada quedan.

Y evidencia de ello es que denuncias sobre graves irregularidades en el PAE se conocen desde hace varios años, porque se cometen desde hace varios años, pero los resultados de las investigaciones se desconocen, porque nadie abre las gavetas donde las guardan para que el tiempo se encargue de hacerlas prescribir.

El PAE está investigado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y los tres organismos coinciden en que es muy grave lo que allí ocurre. Pero ninguno les explica a Colombia por qué no pasa nada más, todo se queda en mera denuncia.