En el reciente episodio de violencia protagonizado por el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas, la trágica realidad se manifiesta con crudeza.

La percepción ciudadana de unas Fuerzas Militares debilitadas se ve confirmada por la pérdida de cuatro militares y ocho heridos en enfrentamientos, junto con un inocente niño afectado en un ataque a una estación policial en diferentes regiones del país.

Este sombrío incidente subraya la creciente sensación de que el Estado está perdiendo el control en extensos territorios.

Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo revelan un preocupante aumento de la presencia del Clan o las AGC en 392 localidades el año pasado, comparado con los 253 municipios en 2022.

Indepaz advierte que este grupo, con entre 9.000 y 12.000 miembros, se está consolidando como un poderoso ejército delincuencial.

Carlos Espita, líder de una investigación de Indepaz, destaca la capacidad de las AGC para alterar el orden público, controlar territorios y poblaciones, representando junto con otras facciones, las mayores amenazas para la vida y convivencia de los colombianos.

La historia de esta banda criminal, surgida tras la desmovilización de paramilitares, nos revela que, aunque en un principio estuvo en fases exploratorias dentro del proceso de ‘Paz Total’, ha terminado enfrentándose al Estado y atacando a la población civil, la Policía y el Ejército.

Es imperativo que el Gobierno no ignore la delicada advertencia de Espita y reconozca que el país no puede tolerar más pérdidas de vidas, tanto de militares y policías como de civiles, en medio de una escalada de violencia que contradice el eslogan de “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Las negociaciones de paz no deben implicar la claudicación de las Fuerzas Armadas en su deber de mantener el orden público y el imperio de la ley.

La sociedad anhela paz, pero no a expensas de ceder ante expansiones y fortalecimientos armamentistas de grupos al margen de la ley.

La reciente embestida del Clan del Golfo, con el asesinato de soldados profesionales en Antioquia, después de la visita del ministro de Defensa, Iván Velásquez, evidencia la necesidad urgente de medidas.

Es esencial garantizar que las FF. MM. cuenten con todas las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones, protegiendo a las comunidades afectadas por los enfrentamientos.

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de detener el deterioro de la vida digna en los territorios, la pérdida de autoridad y el aumento de las economías ilegales. La inacción solo perpetuará un ciclo de violencia que conlleva muertes, desplazamientos, secuestros y desapariciones. La hora de actuar es ahora.