Un delicado hecho violatorio de los derechos humanos sigue afectando por igual a Colombia y Venezuela, como lo es la desaparición forzada de personas, aquí por el conflicto armado, allá por la crisis política y social desatada por el régimen de Nicolás Maduro.

En nuestro caso, seguimos con esta vena rota que no ha podido ser cauterizada a lo largo del tiempo por una violencia de diferentes matices que continúa haciendo esfumarse a cientos de colombianos cuyo paradero hoy se desconoce.

Muchos finalmente han aparecido en fosas comunes o en cementerios de localidades y regiones severamente impactadas por el incesante fragor de la conflictividad, como es el caso de Cúcuta.

Lo peor de todo es que continuamos asistiendo a este drama que en lugar de mermar, sigue ahí asechando a las familias colombianas con sus secuelas y graves consecuencias.

Este delito se ha vuelto un círculo vicioso que por ejemplo entre diciembre de 2016 y julio del año pasado, provocó 1.730 nuevas desapariciones en el país como lo documentó el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La incesante búsqueda para al menos saber qué sucedió con el familiar o el amigo deja marcas imborrables al no saber exactamente las circunstancias y el por qué tuvieron fueron convertidos en víctimas en medio de la lucha armada que ha asolado campos y afectado a las ciudades.

El 30 de agosto, al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por las calles de Cúcuta se escuchó el clamor por saber qué pasó y en dónde están 6.748 personas cubiertas por ese flagelo en Norte de Santander, uno de los departamentos con altos índices en el ámbito nacional.

Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Colombia hay 124.734 desaparecidos en el contexto del conflicto armado, en hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

Por eso deben seguir las intervenciones en los camposantos y en la localización de áreas en que posiblemente se encuentran sepultados cadáveres sin identificar de víctimas de la conflictividad armada.

Y mientras en Colombia no cesa, en Venezuela este método es utilizado como arma para “silenciar a la oposición o los que son percibidos como tales, a activistas prodemocráticos y a defensores de Derechos Humanos”, de acuerdo con la denuncia del gobierno de Noruega.

Y como se trata de un hecho que ocurre en otros lugares del planeta, cobran vigencia estas palabras del director general del CICR, Pierre Krahenbuhl, reproducidas por Newsweek: “Desde Sudán hasta Ucrania, desde Siria hasta Colombia, la tendencia es clara: el creciente número de personas desaparecidas nos recuerda que las partes en conflictos armados y quienes las respaldan no protegen a las personas durante la guerra”.

Pese a existir la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en el mundo, lo contradictorio es que se siga incurriendo en este delito, poniendo en evidencia que hace falta hacer mucho más desde el Comité de la ONU para la Desaparición Forzada.

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