Ya en repetidas ocasiones, en estas mismas páginas, hemos advertido con preocupación los embates contra la prensa y la necesidad de proteger la libertad de expresión en Colombia. Hoy, esa preocupación adquiere un carácter urgente.

El presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Ministros televisado del pasado 15 de marzo, ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar una nueva licitación del Canal 1. Lo hizo pese a que existe una concesión vigente, adjudicada en 2017 y con validez hasta 2037. Se trata de un contrato legítimo, sólido en derecho, y que no puede ser desconocido sin quebrantar principios elementales de seguridad jurídica y de respeto al Estado de derecho.

La orden presidencial no es un hecho menor. El Canal 1 ha construido en los últimos años una programación diversa, informativa, de investigación y entretenimiento, con voces de todos los espectros y enfoques críticos que enriquecen la deliberación pública. 

Es, en esencia, uno de los pocos espacios plurales que quedan en la televisión abierta nacional. Pretender despojarlo de su concesión anticipadamente equivale, en la práctica, a un acto de censura e intervención.

El eco de esta medida no puede ignorarse. En el continente conocemos de sobra las consecuencias de decisiones semejantes: gobiernos que, bajo el pretexto de “democratizar la televisión”, terminaron silenciando disidencias, uniformando la opinión pública y debilitando los contrapesos democráticos. 

Aquello que alguna vez se veía como una advertencia distante, hoy se concreta en nuestro propio país: reformas implementadas de facto, voces críticas hostigadas, líderes políticos asesinados sin que se esclarezca la responsabilidad real, y medios de comunicación puestos bajo sospecha o amenaza.

Colombia no puede resignarse a transitar ese camino. No se trata de un pulso entre gobierno y opositores ni de un debate sobre ideologías políticas. Se trata de defender un principio esencial: sin libertad de prensa no hay democracia posible. Allí donde se acalla a los medios, se instala la arbitrariedad; donde se interviene la crítica, germina el autoritarismo.

El deber de un medio de comunicación serio no es incendiar la discusión ni alimentar la polarización, sino advertir con firmeza, con respeto y con la fuerza de la palabra clara, que decisiones como esta ponen en riesgo la esencia misma de la república. 

Defender al Canal 1 no es defender a un concesionario en particular, es defender la pluralidad, la independencia informativa y el derecho de los colombianos a estar informados sin filtros del poder.

La Opinión levanta su voz para pedir a las instituciones, a los órganos de control, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, que acompañen a los medios colombianos en esta hora difícil. El país requiere con urgencia blindar la libertad de prensa frente a cualquier intento de intervención o censura.

La democracia no se decreta: se cuida, se protege, se honra. Y defender a la prensa es, hoy más que nunca, defender a Colombia.

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