No importa cuáles sean la realidad y el futuro de la Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango), la enorme construcción energética del noroeste antioqueño, todos los colombianos debemos conocerla, hasta en el último detalle.

Toda la información sobre el proyecto es información pública, pues es una obra del Estado.

Sin embargo, los altos responsables se han limitado a expedir comunicados y a formular declaraciones encriptadas y llenas de tecnicismos, lo que ha derivado en la formación de una matriz de opinión según la cual se está tratando de ocultar cosas oscuras.

Realmente, en ese sentido no ha habido hasta hoy el menor esfuerzo visible tendiende a garantizar la transparencia requerida en todo lo que tiene que ver con la comunicación del Estado con sus ciudadanos, y viceversa.

Los problemas del episodio actual empezaron el 28 de abril, en uno de los túneles. Sin embargo, los propietarios del proyecto, entidades oficiales, callaron. Y hubieran mantenido silencio indefinido, si algunas cuentas privadas en las redes sociales no hubieran comenzado a generar inquietud.

Luego, comenzó la seria ininterrumpida de alertas de todo color, la obligada evacuación de pueblos enteros aguas abajo, el retorno y de nuevo la evacuación, los informes oficiales controvertidos por expertos, las declaraciones que generan más dudas que certezas, las cascadas de tecnicismos y de información que pocos están capacitados para entender, y los largos silencios…

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para que los colombianos no podamos saber si en este caso los recursos del Estado corren peligro de desaparecer bajo las avalanchas que se temen o, si por el contrario, todo es una alarma superable?

Esa actitud de callar, de esconder la realidad desde la altura de los cargos públicos, es un fenómeno cada vez más relacionado con la soberbia del burócrata, que se considera por encima del bien y del mal, ajeno al cumplimiento de cualquier norma legal, convencido de que las cosas son como él las decide, y punto final.

Pues, no. En este caso, como en todos los de las obras públicas del país, la información de todo lo que se hace o se deja de hacer es pública, y las entidades, o mejor, los funcionarios, están obligados a entregarla de manera permanente, y sin otra consideración que la de que el dinero en juego es de todos los ciudadanos.

Y en esos recursos están incluidos los salarios de esos mismos burócratas, que no son más que empleados de la ciudadanía. Todos los ciudadanos son sus patronos y a ellos deben rendirles informes de todo cuanto hacen.

El patrono no es ni el presidente ni el ministro ni el gerente. Ellos, a su vez, son también empleados de los ciudadanos, y también deben someterse a todas las normas legales, no solo a unas.

Hidroituango no es privado. Sus tres accionistas principales son el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), las Empresas Públicas de Medellín (Epm) y el Departamento de Antioquia, que tienen 98 por ciento de las acciones.

En este momento, aunque los responsables del proyecto digan que no está dentro de sus posibilidades hablar con certeza, el país exige saber la presa está a salvo, si todo estará a tiempo, o si la montaña se vendrá abajo y quizás generaría una catástrofe, o es una simple emergencia que pasará dentro de poco.

Pero que todo sea claro, sin rodeos, sin silencios.