La vivienda, que no es  un lujo sino una necesidad para las familias porque hace parte integral de su desarrollo socio-económico, se encuentra de nuevo de capa caída como lo muestran las estadísticas de Camacol.

Decisiones del alto gobierno relacionadas con este importante segmento a las cuales se unieron la incertidumbre para la inversión y los factores de desaceleración económica, han llevado al sector de la construcción a tener un complicado 2023, con nubarrones que todavía no se despejan para el venidero 2024.

Este complicado panorama genera un efecto dominó con grave incidencia en el campo de la generación de empleo, aspecto en el que este renglón tiene una alta incidencia, por la gran cantidad de mano de obra que requiere para el desarrollo de sus proyectos.

Ya muy bien sabemos por aquí qué nos ocurre cuando los índices de desempleo y de informalidad se disparan, puesto que los mismos arrastran también reducciones en el consumo y problemas sociales de diversa índole. Habrá que esperar el impacto de la caída del 90,8% de los lanzamientos de vivienda nueva en la región, este año frente a 2022.

Como decíamos antes, las acciones gubernamentales que introdujeron cambios en las políticas relacionadas con la vivienda hoy se están notando con una aceleración en los desistimientos de los negocios por parte de los potenciales compradores, debido a cambios en las reglas de juego que los dejaron por fuera de toda posibilidad.

Quién dio la mejor descripción de  este momento fue un constructor cuando le dijo a La Opinión que “lo que estamos vendiendo hoy los constructores es reventa de todos los desistimientos que se han generado a raíz del cambio de la política de vivienda”.

Lastimosamente, hay como un ‘limbo’ que no se pudo obviar para haber evitado esa ola de devoluciones de las negociaciones a punto de concretarse, que a septiembre de este año sumaban 1.668, algo que no había vivido el gremio.

El ministerio del ramo y el Gobierno Nacional deben revaluar  lo  que está ocurriendo porque esa inestabilidad en las normas por sus constantes modificaciones y las cortapisas que se han puesto para los subsidios, acarrea inconvenientes de doble vía que terminan desestimulando la inversión tanto por parte de los empresarios del sector como de los hogares que  tenían planeado adquirir vivienda nueva,  con los sistemas de financiación vigentes.

 De lo que se habla no es cuestión de oponerse por oponerse a las medidas gubernamentales, puesto que las cifras de Camacol señalan que en Norte de Santander las iniciaciones de  obras de vivienda cayeron en 68,5% y las ventas en el 60,5%.

Esos números rojos son indicativos directos de la incertidumbre que embarga a  las constructoras para aventurarse con nuevos proyectos, porque no hay certeza de que puedan concretar sus futuras ventas.

El Gobierno Nacional, tan interesado en seguir disminuyendo el desempleo, debería mantener unas especificaciones concretas y motivar al impulso de la vivienda VIS que es precisamente el segmento donde hay un alto déficit para el cubrimiento de la población que requiere tener acceso a su casa propia.

Es importante que se haga  un consolidado sobre el número de viviendas  que se han dejado de programar y que son las que van a generar empleo, cuántos negocios de compra de casas o de apartamentos se han desistido y cuántos se han podido poner nuevamente en venta, todo ello para que las cifras hablen y le digan al Gobierno los efectos demoledores que algunas de sus determinaciones ha  provocado en el sector.

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