Hay que tomarnos en serio las situaciones irregulares que están ocurriendo en lugares aledaños a la Recta Corozal y en inmediaciones de Prados del Este en el área metropolitana de Cúcuta.
Así comienza todo. Y cuando menos se piensa ya las fronteras invisibles, la delincuencia, el desorden y la anarquía imponen su ley.

Eso de usar lujosas y grandes viviendas como ‘discotecas temporales’ en las que se organizan fiestas a las que llegan centenares de personas requiere que se impongan acciones ejemplarizantes.

¿Se debe contar con algún permiso para eso? ¿Esas viviendas pagan impuesto de industria y comercio? ¿Los servicios públicos tienen tarifa de usuarios comerciales?

Los anteriores interrogantes surgen porque al volverse esos inmuebles en  sitios de diversión nocturna con todo lo que ello implica, necesaria y obligatoriamente estarían sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos legales de diversa índole.

De lo contrario, se convierten en sitios clandestinos de masivas fiestas que generan desórdenes, contaminación auditiva y afectan la tranquilidad de los vecinos. En otras palabras, están por fuera de la ley.

Pero además queda en el tintero la advertencia de que esa transformación temporal de viviendas en negocios nocturnos es muy probable que constituya una violación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque se estaría saltando del uso de suelo residencial al comercial, y eso tiene sus consecuencias.

La misma lógica de análisis desde la perspectiva legal debe hacerse con esos terrenos a los que llegan cientos de personas a tomar licor, con música a decibelios que rompen la tranquilidad e igualmente se dedican a consumir estupefacientes.

Al probar que se están violentando las normas establecidas pues todo lo que se haga en esos sitios es ilegal y la Policía con las autoridades municipales están cobijadas por la ley para actuar.

La ciudadanía reclama -y con toda la razón-que los encargados de hacer cumplir el orden y de restablecer la ley, actúen. Es así de sencillo.

La Constitución, la ley, el POT, el Código de Policía, hacen parte de ese andamiaje que facilita las acciones de presencia y control para evitar que el Estado pierda esos lugares, corriéndose el riesgo de que caigan en manos de la delincuencia.

A raíz de que ya no son casos aislados, es indispensable establecer una acción coordinada entre las secretarias de Seguridad, de Gobierno, de Hacienda, de Tránsito y la Policía para sofocar ese problema antes de que  termine transformado en otro riesgoso foco generador de inseguridad ciudadana.

Ahora que se adelantan patrullajes conjuntos de Ejército y Policía los mismos hay que extenderlos hacia esos puntos ilegales de rumbas desbordadas para disolverlas y desalentar que se sigan haciendo en zonas residenciales.

Pero como también debe haber algo más contundente para desde el punto de vista económico castigar a estos negocios nocturnos en las sombras, hay que establecer severas acciones contra los dueños de esas casas, sancionar a los organizadores y que Tránsito Municipal haga operaciones para exigir documentos en regla y medir el grado de alcohol de los conductores de vehículos que estén o salgan de esos sitios.

El ciudadano que paga sus impuestos exige al menos tranquilidad para poder estar en casa con sus familiares y no sometido a estos caóticos y perturbadores hechos.

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